Columnistas

La insoportable corrupción
Autor: Jorge Arango Mejía
24 de Febrero de 2013


Inútilmente se afana el gobierno por convencer a la gente de que la lucha contra la corrupción va en serio. Todos los días se descubren hechos que demuestran que, en vez de reducirse, esa plaga aumenta.


Inútilmente se afana el gobierno por convencer a la gente de que la lucha contra la corrupción va en serio. Todos los días se descubren hechos que demuestran que, en vez de reducirse, esa plaga aumenta. Y la gente ve, con asombro y con disgusto, casos que son incompatibles con el combate contra la inmoralidad. Como el de una senadora destituida por la Procuraduría General de la Nación, que hoy anda rodeada por una escolta pagada con dineros públicos.


Con desparpajo anuncian que van a invertir miles de millones de pesos en obras innecesarias o que finalmente quedan inconclusas. Durante años el país registró los malos manejos de las autoridades de los departamentos que recibían regalías por la explotación de petróleo y otros recursos naturales. Hospitales que nunca se concluían, estadios que no se necesitaban, procesadoras de leche en regiones que no la producían, y, en fin, una serie interminable de elefantes blancos. ¿Para que servían? Para enriquecer a unos pocos en medio de poblaciones paupérrimas. Contratistas, politiqueros, funcionarios públicos, voraces todos, rapaces e insaciables. Hasta la guerrilla y los paramilitares entraron a saco en los dineros públicos.


En buena hora se modificó el sistema de reparto de las regalías para que en él participaran todas las regiones. Pero al extenderse los beneficios también se regaron las dolencias. Era natural: ya el botín de las regalías estaba en todas partes, al alcance de las garras de las aves de rapiña, dispuesto para alimentar a los depredadores del erario.


Depredadores que tienen una imaginación solamente comparable con la de Julio Verne. Un día deciden estrechar las calzadas de una ciudad, para hacer casi imposible el tránsito automotor. Y destinan miles de millones de pesos a construir unas casetas antiestéticas, que invadirán las aceras, y cuyo costo unitario, confesado sin vergüenza por quienes las contrataron, es seis o siete veces superior a lo que un particular tendría que pagar por ellas. Y están los paraderos de buses: cada uno le ha costado al tesoro público 1.300 millones de pesos. Y cualquier ingeniero sabe que se construyen con menos de 200 millones: ¿en los bolsillos de quiénes cae la diferencia? Todo el mundo lo sabe pero se limita a mirar en silencio el saqueo.


¿Por qué hemos descendido tanto? Sencillamente, porque las prácticas deshonestas del sector privado han contagiado el sector público. Hace años Wright Mills lo dijo en su ensayo denominado “Diagnóstico del malestar moral de nuestro tiempo”. Sostuvo que la corrupción de la administración pública no era sino la manifestación de la general. Una serie de valores como la buena fe, el respeto a la palabra empeñada, el trabajo honrado, han desaparecido y han sido reemplazados por la codicia de los dineros fáciles. Ya no se habla de “amasar una fortuna”, tarea que en otras épocas demandaba esfuerzos durante décadas; no, ahora se dice “hacer dinero”, porque éste resulta de actividades ilícitas inmediatamente, como quien frota una lámpara maravillosa.


Todo lo compra el gran dinero: honores, cargos públicos, diversiones. Y una vez conseguido, solamente unos pocos se atreven a preguntar de dónde vino. Como decía el obispo aquél, los dineros de Leder, al pasar a sus manos santas, se volvían sagrados porque él los usaría para hacer el bien. ¿A cuántos les recibió con el mismo argumento? Jamás se sabrá, a menos que se averigüe en el proceso de su canonización. Que no puede estar muy lejano, ahora cuando avanza el de monseñor Builes.


Y sobran los malos ejemplos. Hay diversas señales que indican que las investigaciones por los delitos cometidos por servidores públicos, intermediarios y contratistas en Bogotá, no van por buen camino. Los que se apoderaron ilícitamente de centenares de miles de millones de pesos, apenas recibirán benignas condenas de algunos años. Después saldrán  a disfrutar de lo mal habido y a burlarse de nuestra justicia coja y ciega.


Quien derrocha o malversa recursos públicos, o los toma ilícitamente, comete un delito contra todos, pues, en mayor o en menor medida, todos contribuimos a formar los recursos públicos.


No es agradable escribir sobre esto. Pero sería desatino y cobardía, cantar las alabanzas de un inexistente país de ángeles.