Editorial

Show, terror e indiferencia
14 de Febrero de 2013


A la alternativa de rescatarlos, se prefirió la de aceptar el chantaje abominable de una promesa de liberación en cámara lenta, con un tinglado espectacular del que solo se benefician los victimarios y sus consuetas.

 


Los colombianos debemos mantener muy fresco en la memoria aquello que dijo el presidente Juan Manuel Santos en la noche del 27 de agosto del año pasado, cuando en cadena nacional de radio y televisión confirmó que estaban en marcha conversaciones de paz con la guerrilla de las Farc, bajo tres principios rectores: “Aprender de los errores del pasado para no repetirlos; cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto y no a su prolongación; y, por último, se mantendrán las operaciones y presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional”. 


Admitamos que esta vez no se han cometido los gravísimos errores de procesos anteriores, particularmente el del Caguán, donde todo fue un absoluto fiasco, aun cuando es temprano para llegar a juicios concluyentes en este punto. Lo mismo pasa con la promesa del “fin del conflicto”, en lo que el Gobierno tiene afanes que a la guerrilla le importan un pepino y, por el contrario, todos los días se inventa algo nuevo qué colgarle a la agenda para hacerla interminable, como su insistencia en un “cese al fuego bilateral” y en la tal “regularización del conflicto” que ni ellos mismos saben explicar de qué se trata. 


Hasta ahora el Gobierno se ha mostrado firme en no aceptar cambios en la agenda acordada y en rechazar la eventual suspensión de la ofensiva de las FF.AA. contra las estructuras narcoterroristas en cualquier parte del territorio en que aquellas actúen. Eso hay que aplaudirlo. Sin embargo, nos parece que a raíz del secuestro de los dos policías en Florida (Valle) y del soldado en Nariño, el Gobierno está cediendo peligrosamente terreno en el tercer principio, pues aunque no se hable de despejes, su compromiso es suspender operaciones en amplias áreas de los dos departamentos, so pretexto de garantizar la seguridad de los secuestradores y sus víctimas, al igual que la de los delegados de la Cruz Roja y Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz, que encabeza la infaltable intermediaria Piedad Córdoba. 


Las Farc prometieron no “retener más civiles con fines económicos” (léase secuestros extorsivos) y hay evidencias de que lo siguen haciendo. También advirtieron que se reservaban el supuesto “derecho” de “capturar” (léase secuestrar) soldados y policías en combate. De los dos policías del Valle, Cristian Camilo Yate Sánchez y Víctor Alfonso González Ramírez, se sabe que fueron secuestrados, no en desarrollo de un enfrentamiento, sino cuando se dedicaban a investigar denuncias de extorsión contra empresarios azucareros del Valle. Y el soldado Josué Álvarez Meneses, de solo 19 años y con pocos meses en el Ejército, cayó en una emboscada de las Farc en zona rural de Policarpa (Nariño), en la que también murieron cuatro de sus compañeros y otros cuatro resultaron heridos. 


Para nosotros, un triple secuestro de miembros de la Fuerza Pública en plena negociación, aparte de ser un delito de lesa humanidad, violatorio del DIH, es un petardo contra la escasa credibilidad de ese proceso y una razón suficiente para suspender cualquier diálogo mientras esos servidores de la patria estén cautivos. Lamentablemente, el Gobierno no lo entendió así, renunció a su deber de rescatarlos mediante operativos militares -por supuesto que bien planeados y mejor ejecutados- y prefirió aceptar el chantaje abominable de una promesa de liberación en cámara lenta, con un tinglado espectacular del que solo se benefician los victimarios y sus consuetas. 


Y mientras las Farc pretenden lavar su imagen internacional de grandes violadores de los derechos humanos, aquí impera la sordina mediática y la indiferencia general sobre sus cobardes ataques terroristas, como el de la noche del lunes en Miraflores (Guaviare), donde provocaron un incendio en una casa para luego lanzar una granada contra las personas que intentaban sofocarlo, causando la muerte a un niño de 10 años y a un patrullero de la Policía, y heridas a otras 27 personas. “¡Acto diabólico!”, lo calificó el ministro de Defensa y se quedó corto.