Columnistas

Alianzas y negociación
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
10 de Febrero de 2013


Que el gobierno del presidente Santos efectuó conversaciones secretas con las Farc para dar fin al enfrentamiento armado con ese grupo, ya es un hecho de conocimiento público.


Que el gobierno del presidente Santos efectuó conversaciones secretas con las Farc para dar fin al enfrentamiento armado con ese grupo, ya es un hecho de conocimiento público. Lo que, además, no sería, en sí mismo, nada reprochable (si lo hizo antes y no después de ser elegido, porque en ese caso sería un acto de grave deslealtad), si de lo que se trataba era de explorar la disponibilidad de ese grupo para llegar a acuerdos sobre la base de que el Estado estaba ganando la guerra y que la agenda política se discutiría no con ellos sino con el pueblo colombiano, en la institucionalidad. 


Esta era la posición que se seguía de su compromiso de continuar con la doctrina militar de la seguridad democrática, que tenía como objetivo derrotar a la guerrilla hasta llevarla a su extinción o debilitarla tanto que se viese obligada a aceptar su sometimiento a la justicia, en el marco de la  justicia transicional que garantizara el conocimiento de la verdad, la reparación a las víctimas y un una pena de prisión, disminuida, pero pena al fin y al cabo, a los responsables de crímenes contra la humanidad o de guerra, tal como lo demanda el ordenamiento internacional de los derechos humanos, como una concesión por haberse desmovilizado y entregado las armas. Era lo que se estaba haciendo con el grueso de las autodefensas y sus jefes más representativos y con un gran número de guerrilleros, con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.


Lo que ocurrió fue otra cosa. En las conversaciones secretas previas se llegó a una serie de acuerdos que fueron materializados por el gobierno antes de iniciar las de La Habana, como se sigue de los acontecimientos que desató el presidente Santos con el objetivo de desmontar la doctrina militar de la seguridad democrática y sus consecuencias que ello implicaba.


Lo primero que hizo fue declarar a Chávez, con quien es muy probable que hubiese llegado a acuerdos previos, como su nuevo mejor amigo, en la idea de dar un giro de 180 grados en las relaciones internacionales para congraciarse con el valedor de la guerrilla y garantizar su apoyo al proceso de paz, con el costo de asegurar la supervivencia de esa organización y su reconocimiento como interlocutor igual, con el que discutiría la agenda del país. Con esto salvaba literalmente a una guerrilla que agonizaba.


En el plano interno, cambió la doctrina militar de la seguridad democrática por la llamada espada de honor, cuya médula consiste en hacer invisible el enfrentamiento, reduciéndolo al 3% del territorio, según se argumentó, y prohibiendo que el Ejército enfrentara a las ‘bacrim’, dejando esta responsabilidad sólo a la Policía, a sabiendas de que entre estas y la guerrilla no había solo enfrentamientos sino también alianzas en el negocio del narcotráfico. Con esta doctrina, la guerrilla deja de ser el enemigo principal de la seguridad nacional, y por tanto, su combate ya no es prioritario. Estas dos acciones trajeron como consecuencia el que las Farc tomaran un nuevo aire y retomaran la senda del crecimiento, que por supuesto ya no afecta al 3% del territorio, sino que crece en todo el país.


Puestos en evidencia los contactos secretos con las Farc (contra el deseo de Santos), sacaron a la luz unos puntos de negociación que tienen que ver con la agenda del país, como el problema del territorio, que es transversal a toda la estructura económica, porque abarca no sólo una redistribución de tierras (que aun no sabemos cómo será), sino el tema del subsuelo, con lo que se pactará sobre la política minera y ambiental con dicha organización; y, para garantizar la impunidad y la participación política de personas que han cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, aprobaron en el Congreso una ley a su medida.


La avalancha de críticas y resultados negativos en encuestas por las desbordadas acciones criminales de las Farc, ha puesto en jaque el futuro de esa negociación, a la que ha apostado Santos su futura reelección, algo que también le importa a la contraparte. En este escenario, los intereses de Santos y de la guerrilla convergen, ambos necesitan un acuerdo, pero más Santos, lo que lo llevaría a la posición de cederlo casi todo y a la otra “parte” a aprovecharse de ello.  Así las cosas, hay de hecho, una especie de alianza entre ellos. Para ambos, el enemigo no es su contraparte sino los críticos del proceso, que sólo buscan proteger la democracia.