Editorial

ue los liberen ya!
1 de Febrero de 2013


En nuestra modesta opini髇, lo m韓imo que deber韆 hacer el Gobierno en este momento, es anunciar que no cruza una palabra m醩 con las Farc en La Habana, hasta tanto liberen sanos y salvos a los polic韆s del Valle.

 


Debemos expresar hoy nuestro más absoluto repudio al secuestro de los policías Víctor Alfonso González y Cristian Camilo Ayate, ocurrido hace una semana cuando adelantaban labores de inteligencia contra bandas de extorsionistas en zona rural de Florida (Valle del Cauca) y expresar nuestra solidaridad con ellos, con sus familias y con la Policía Nacional. 


El hecho de que los perpetradores de ese doble crimen sean los mismos que están hablando de paz con el gobierno en La Habana, debiera despertar mucho más que la protesta espontánea de miles de colombianos a través de las redes sociales. Debiera levantar un movimiento organizado de rechazo a las Farc, encabezado por la Asociación de Víctimas de la Guerrilla, la Asociación de Familiares de Policías y Militares Secuestrados, Asfamipaz, la Fundación País Libre y tantas otras que en anteriores ocasiones han dado muestras de gran poder de convocatoria contra ese delito, para exigir de la organización terrorista la liberación inmediata y sin condiciones de los agentes. 


No hacerlo sería aceptar el vil chantaje de las Farc, que ahora pretende justificar lo injustificable diciendo que “se reservan el derecho a capturar como prisioneros de guerra a miembros de la Fuerza Pública”. De nuevo echan mano de una abusiva interpretación de un concepto clásico de la guerra, en la que se da tal denominación a los combatientes que quedan en poder del bando vencedor en el campo de batalla. La Enciclopedia Jurídica lo define claramente: “El prisionero de guerra (PDG) es aquel combatiente en un conflicto armado internacional, perteneciente a cualquiera de las fuerzas (terrestre, aérea o de marina) que cae en poder de las fuerzas enemigas, durante la guerra, o inmediatamente después, en buen estado de salud, herido o enfermo” y en el derecho internacional, el PDG es una condición jurídica definida en los Reglamentos de La Haya y en los Convenios de Ginebra, donde se establece qué trato humanitario debe dárseles y cómo su retención no tiene carácter represivo sino de neutralización del adversario.  


No se necesita ser un estratega militar para entender que, después de la famosa tregua unilateral de dos meses, que por cierto incumplieron múltiples veces, las Farc vuelven a su funesta práctica de secuestrar militares y policías para presionar al gobierno a concederles lo que hasta ahora les ha negado por no estar dentro de los puntos de negociación acordados: un cese bilateral al fuego y dizque un “tratado de regularización de la guerra”. El jefe negociador del gobierno, Humberto De la Calle, ya les respondió que “se equivocan si piensan que con acciones de este tipo van a obligar al Gobierno a declarar un cese al fuego bilateral”, pero nos parece que le faltó contundencia con respecto al embeleco de la “regularización del conflicto”, pues detrás de eso no está sólo “la pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente”, sino también reencauchar su vieja exigencia del “canje de prisioneros militares y policías por guerrilleros presos”. 


Las Farc, insistimos, están en plan de aprovechar la oportunidad que les ha servido el gobierno, con la mejor buena fe, para fortalecerse y tomar un nuevo aire. Prometieron no secuestrar, y lo siguen haciendo. Hablan de “regularizar el conflicto” – el diablo sabrá qué quieren decir con eso – y siguen atacando a la población civil, asesinando policías, soldados y civiles, destruyendo torres de energía y oleoductos, asaltando buses y camiones, sembrando los campos de minas antipersonales y reclutando menores para su guerra contra las instituciones. En nuestra modesta opinión, lo mínimo que debería hacer el Gobierno en este momento, es anunciar que no cruza una palabra más con las Farc en La Habana, hasta tanto liberen sanos y salvos a los policías del Valle.