Editorial

La caída de la Ley ‘Lleras 2.0’
27 de Enero de 2013


El Gobierno tendrá que presentar otro proyecto, acorde con los estándares internacionales y consultando los intereses nacionales en juego.

 


Un serio revés legislativo acaban de sufrir el Gobierno y sus bancadas con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar por vicios de trámite la Ley 1520 de 2012, aprobada a las volandas en abril del año pasado en atención a compromisos sobre propiedad intelectual adquiridos por el país en el marco del TLC con Estados Unidos.


Como se recuerda, el proyecto desató un amplio rechazo en redes sociales porque, según sus críticos, en materia de restricciones al uso de contenidos en internet era un refrito de la llamada “ley Lleras” sobre derechos de autor, retirada por el Gobierno en junio de 2011, después de sucesivos ataques informáticos a portales del Estado y a la que muchos consideraron tan draconiana como la famosa “ley Sopa” estadounidense. Las protestas las supo capitalizar la oposición, representada en el Polo Democrático, que fue a la postre el que cosechó un triunfo político con la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 13 y 14, con los que se pretendía proteger los derechos de autor en Internet, estableciendo fuertes sanciones para los infractores.


Aunque la Corte admitió limitaciones para pronunciarse de fondo sobre el contenido de la ley, sí encontró razonables algunos argumentos de la demanda con respecto a disposiciones que, por la falta de precisión en sus alcances restrictivos, podían llegar a vulnerar el derecho al acceso a la información de manera gratuita y en igualdad de condiciones y el derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial a través de la red. Pero lo que dio al traste definitivamente con la normativa fue el error de trámite, pues para la Corte el Congreso violó su propio reglamento al someterla a estudio de las comisiones Segundas de Senado y Cámara. Debió hacerlo en comisiones Primeras, de asuntos constitucionales, pues así obedeciera a compromisos relacionados con el TLC, se trataba de una normativa de aplicación interna, que además debía tramitarse como ley estatutaria y no ordinaria.


Resulta inexcusable el hundimiento reiterado de leyes por fallas en los procedimientos legislativos, que ponen en duda la idoneidad de la asesoría jurídica del Gobierno y cuestionan la diligencia en su trabajo de las secretarías y mesas directivas del Congreso. Cuanto más si se trata de proyectos sobre temas tan complejos y sensibles, como este en el que es imperativo conciliar el derecho a la propiedad intelectual y a la justa retribución por su trabajo de escritores, compositores, artistas y productores de materiales audiovisuales, con la legítima aspiración del ciudadano común a seguir disfrutando del amplio acceso al conocimiento y al entretenimiento a través de Internet.


El Gobierno tendrá que presentar otro proyecto, acorde con los estándares internacionales y consultando los intereses nacionales en juego. Aquí no se trata de defender a rajatabla una supuesta libertad absoluta de circulación y acceso a contenidos digitales, pues con ese pretexto ha proliferado la multimillonaria industria de la piratería y ante eso los estados no pueden cruzarse de brazos. Por otra parte, así como Internet no puede ser el reino de la impunidad y el irrespeto a los derechos de propiedad intelectual, tampoco debería ser un territorio virtual dominado por monopolios, nacionales e internacionales, que compran esos derechos a los dueños originales para explotarlos en forma abusiva.


Guardadas diferencias, ese debate nos recuerda aquella batalla de hace una década contra las multinacionales farmacéuticas que, so pretexto de defender la propiedad de las patentes sobre medicamentos esenciales, bloquearon durante muchos años la producción de genéricos a precios accesibles para los países pobres. Al final, con el liderazgo de la OMS y la intervención de la Organización Mundial de Comercio, se impuso el justo medio: las multinacionales pudieron seguir explotando sus marcas exclusivas y los enfermos del mundo en desarrollo pudieron acceder a medicamentos que antes eran prohibitivos y sin los cuales no es posible sobrevivir a pandemias como el Sida, la malaria y la tuberculosis.