Editorial

o m醩 pensiones leoninas!
26 de Enero de 2013


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Siempre fuimos partidarios de la eliminación de los regímenes especiales de pensiones por considerarlos inequitativos, excesivamente costosos para el país y un factor de desequilibrio fiscal. El primer gran paso en la dirección correcta fue la incomprendida y vapuleada Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema General de Pensiones y se fijó un régimen de transición para respetar derechos adquiridos. Después vino la reforma de 2005 (Acto Legislativo 01), que aprobó las nuevas condiciones para alcanzar una pensión y fijó un plazo de cinco años para la desaparición de todos los regímenes especiales, con excepción del de las FFAA y el Presidente de la República.   


Ese plazo expiró el 31 de julio de 2010 y desde el 1º de agosto de ese año se supone que desaparecieron los privilegios pensionales en la educación pública, el Congreso, el Banco de la República, Ecopetrol, las ramas Judicial y Ejecutiva, el ISS y las empresas del sector público y privado que tuvieran condiciones especiales consignadas en sus pactos colectivos o convenciones laborales. Se suponía que a partir de ese momento, ningún colombiano podría jubilarse en condiciones más favorables que las del Sistema General de Pensiones y quien adquiriera ese derecho, no podría recibir más de 13 mesadas al año ni obtener una pensión superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 


Pero, como dice el Chapulín Colorado, “no contaban con mi astucia”. Resulta que desde entonces, y aprovechando el pandemónium jurídico en que se convirtió la liquidación de las altas pensiones por cuenta de diversas interpretaciones de las altas cortes, mediante tutelas o demandas laborales, cientos de ex congresistas, ex magistrados y otros altos ex funcionarios del Estado han conseguido pensiones muy por encima del tope legal. Un caso muy sonado el año pasado fue el de 14 clientes del tristemente célebre colectivo de abogados ‘José Alvear Restrepo’, que obtuvieron del Consejo de Estado incrementos escandalosos de sus mesadas. Un ex funcionario del Congreso pasó de recibir cuatro millones a $29 millones y un ex ministro pasó de siete millones a $27 millones. 


A partir de la vigencia de la última reforma y por varios años, el ISS (hoy Colpensiones), Cajanal y el Fondo de Previsión del Congreso, liquidaron las pensiones apoyados en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual el factor salarial para el cálculo de la mesada excluye primas, bonificaciones, viáticos, tiquetes aéreos, etc., y se promedia según lo devengado en los últimos 10 años, sin sobrepasar el tope de los 25 salarios. Pero el Consejo de Estado, con apoyo en sentencia 596 de 1997 de la CC, ha venido fallando con base en la tesis de que “tanto las condiciones para pensionarse como las relativas al monto mismo de la pensión, se rigen por las disposiciones que regulaban el régimen pensional al cual se encontraban afiliados en el momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993”. En el caso del Congreso, según esa interpretación, regiría la Ley 4ª de 1992, en cuyo artículo 17 se establece un régimen especial de pensión para congresistas, régimen que feneció con todos los otros el 1º de agosto de 2010, o al menos es lo que le dice a uno el simple sentido común. 


Esa es justamente la norma demandada por los abogados constitucionalistas Germán Calderón y Dionisio Araujo, con el argumento de que viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Constitucional, así como lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, que puso fin a los regímenes especiales o exceptuados. Esa demanda, admitida por la Corte y que según la prensa ya tendría ponencia favorable del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, es la que tiene en ascuas a los beneficiarios de pensiones leoninas y a Colombia entera a la expectativa de un fallo en que el máximo tribunal constitucional ponga por fin las cosas en su debido lugar.