Editorial

Habrá fuero, pese a HRW y Cidh
10 de Diciembre de 2012


Estamos seguros de que el Senado en pleno votará copiosamente a favor de una reforma que de años atrás vienen reclamando con urgencia los soldados y policías de la patria.

 


Esta semana se cierra la legislatura y uno de los proyectos en los que el presidente Santos y el Congreso han puesto especial empeño, por tratarse de un compromiso expreso de su campaña electoral, es el del Acto Legislativo que no solo habrá de aclarar el alcance constitucional del vapuleado fuero militar sino que deberá fortalecer ese ramo especializado de la Justicia Penal y mejorar el sistema de defensa y seguridad jurídica de los guardianes del orden y la democracia en nuestro país.


Como corresponde a su importancia, este martes estará en el primer punto del orden del día de la Plenaria del Senado el último debate del Proyecto de Acto Legislativo No. 16 de 2012 Senado, 192 de 2012 Cámara “Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia”. Como se recuerda, en el sexto debate, celebrado el 16 de octubre, la Plenaria de Cámara le dio su aprobación por una contundente votación de 97 votos a favor y solo ocho en contra; el pasado 29 de noviembre, la Comisión Primera del Senado hizo lo propio por trece votos positivos y tres negativos; y estamos seguros de que el Senado en pleno votará copiosamente a favor de una reforma que de años atrás vienen reclamando con urgencia los soldados y policías de la patria.


Desde su radicación, el proyecto ha sido objeto del más riguroso y profundo debate al interior del Congreso, y en la controversia han participado también la academia, los gremios de oficiales y suboficiales en retiro y algunos analistas de los medios de comunicación, movidos, en general, por el afán de aportar. En contraste, la reforma ha sido rechazada de plano por el comunismo criollo, que prohíja la guerra jurídica contra el Ejército y ha sacado partido de la debilidad institucional en esa materia, y por representantes de organismos internacionales y ONG, que vaya uno a saber si actúan de buena fe cuando la descalifican a ultranza como “innecesaria, inconveniente y propiciadora de impunidad”.


El país recibió la semana pasada la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), al final de la cual su presidente, José de Jesús Orozco, ofreció “zanahoria y garrote”. Anunció, como gran cosa, que en el Informe de 2012 Colombia no figurará en la “lista negra” de grandes violadores porque -a resultas de la inspección- la Cidh valora “importantes avances en el desarrollo de la institucionalidad estatal” en esa materia. Pero, a renglón seguido, dijo que “la reforma al fuero militar es incompatible con los estándares interamericanos en derechos humanos” y, en consecuencia, en pocos meses harán recomendaciones al Gobierno que, “de no cumplirse, harían que Colombia vuelva al capítulo IV del informe anual”. Es decir, a la condición de “país paria” en que nos tuvieron durante los 11 últimos años.


Irrita sobremanera que burócratas de ese organismo de la OEA -que hoy están y mañana no- pontifiquen y dicten sentencia sobre nuestra conducta en derechos humanos, pero este es un país que respeta los tratados que suscribe y acepta la competencia de la Cidh, aun cuando no siempre comparta sus opiniones y fallos. En cambio, nos parece inaceptable la intromisión descarada y frecuente del señor Vivanco, director de HRW, en asuntos internos de nuestro país y no estamos de acuerdo con la injustificada importancia que aquí le dan los altos personeros del Estado, como ocurrió la semana pasada, cuando la mesa directiva del Congreso y los ponentes de la reforma le dieron audiencia para que repitiera su retahíla de que “hay riesgos serios de que se cuelen en esta reforma los ‘falsos positivos’, es decir que sean trasladados algunos de estos casos a la justicia penal militar”.


En próximo artículo hablaremos de los aspectos fundamentales de la trascendental reforma y de lo equivocados que están sus contumaces críticos.