Columnistas

¿Dónde están los politólogos?
Autor: Iván Garzón Vallejo
7 de Diciembre de 2012


Los países suelen estar fascinados con ciertas ciencias y disciplinas que les permiten interpretar sus problemas sociales.

Los países suelen estar fascinados con ciertas ciencias y disciplinas que les permiten  interpretar sus problemas sociales. En Francia, los filósofos tienen autoridad para hablar sobre lo público, y la filosofía no es una disciplina relegada a los ámbitos escolares y universitarios. Algo semejante sucede en Argentina con la sociología. Allí los sociólogos son invitados obligados cuando de un análisis social se trata. En Estados Unidos es impensable que profesores de economía, derecho o ciencia política no sean al tiempo intelectuales públicos, y que opinen frecuentemente sobre el acontecer nacional. Entre nosotros - ¡ay, el santanderismo!-, el derecho es la disciplina que ocupa un lugar hegemónico y casi excluyente cuando se trata de explicar y resolver los problemas públicos.


La discusión que planteo va más allá de cuál es la profesión de quienes hacen los análisis políticos, escriben en la prensa o comentan en la televisión las elecciones: se trata del enfoque que se le da a los asuntos públicos. En este sentido, Jorge Giraldo Ramírez (El Colombiano, 2/12/2012) ha hecho un lúcido llamado de atención sobre la necesidad de abordar políticamente el problema que el fallo de La Haya trajo consigo. Hacia adelante, por supuesto, pero también hacia atrás, haciendo un ejercicio de rendición de cuentas no sólo de los presidentes de turno, golpes de pecho para la galería, sino de las élites en general.


En un mundo cuya gramática es la de los derechos, comprender el Derecho es un acierto y un imperativo. Pero más allá de las discusiones disciplinarias sobre nuestro precario enfoque jurídico, aún muy ligado al positivismo y al formalismo -lo que en términos populares significa leguleyismo-, el problema es creer que ese enfoque de los asuntos públicos es el único o, en todo caso, el más importante.


La política, pero también la ética o la moral quedan marginadas cuando las discusiones son básicamente judiciales y disciplinarias (¡ni siquiera jurídicas en sentido amplio!). Por eso, cuando logramos incorporar un componente de moralidad en una discusión pública, éste sigue siendo, en últimas, jurídico: la lucha contra la corrupción se presenta como un asunto estrictamente disciplinario y judicial, y no como un menoscabo de bienes comunes. Resulta ilustrativo de lo anterior que ya el Procurador haya anunciado investigaciones a los responsables de la pérdida de los 75.000 km2 del mar territorial de San Andrés. ¡Como si la miopía histórica y la estupidez política se pudieran resolver destituyendo funcionarios de segunda!


La paradoja es que aunque muchos de nuestros problemas son políticos, el análisis de los mismos desde las áreas de las ciencias políticas no siempre es tomado en serio, o suele ser esgrimido únicamente por los propios actores políticos. Con contadas excepciones, por supuesto. Pero los análisis políticos suelen ser vistos con sospecha porque se cree que siempre son interesados, partidistas o infundados. Y una sociedad que le deja el análisis de la política a sus protagonistas -cuya visión es parcial por definición- o a quienes deben hacer su crónica pero no suelen profundizar, no se toma en serio la política como el arte de adoptar decisiones prudentes dirigidas a construir el bien común.


Para darle un lugar adecuado a la política necesitamos reconocer que los problemas políticos no pueden ser interpretados principalmente desde visiones no políticas o anti-políticas. En síntesis, se requiere un mayor reconocimiento al trabajo de los politólogos.  Finalmente, se necesita evidenciar que quien no se quiere encontrar con la política, ya sea porque vive juridizándola o domesticándola con buenas intenciones, ésta termina por encontrarlo y notificándole las consecuencias de su omisión. Y para ello, no hay abogados que valgan.