Editorial

Reprobados en transparencia
6 de Diciembre de 2012


Todo esfuerzo es poco en la lucha contra un cáncer que, según la Procuraduría, representa para el país pérdidas equivalentes al 1,5 % del PIB.

Es una pena tener que reconocer que en lo relativo a la lucha contra la corrupción, enquistada desde hace muchos años en la estructura del Estado y de la sociedad colombiana, los avances han sido escasos e inconsistentes, si nos atenemos al examen que periódicamente hace la ONG Transparencia Internacional (TI) y su capítulo local, la Corporación Transparencia por Colombia.


Conviene recordar que TI define la corrupción como “el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres elementos: 1) El mal uso del poder. 2) Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado. 3) Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos”. Nos parece mejor la definición que trae Transparencia por Colombia en su página web: “Es el abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”.


La respetable entidad viene publicando cada año, desde 1998, su Índice de Percepción de Corrupción, IPC, en el cual se clasifica a la mayoría de los países del mundo a través del agregado de los resultados de diversas encuestas de organizaciones como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. El IPC refleja las percepciones de empresarios, analistas de riesgo, especialistas financieros y otros actores sobre la situación de la corrupción en cada uno de los países examinados.


Desde entonces Colombia ha figurado como uno de los países mal calificados en materia de transparencia, si no en el fondo de la tabla, como Venezuela y Nicaragua, que éste año figuran como los países más corruptos del continente, sí en una mediocre posición de mitad de tabla hacia abajo. En aquel año, su primera calificación fue de 2,2 sobre 10 (siendo 10 la máxima transparencia y 0 la corrupción absoluta); en 2001, obtuvo 3,8/10 y el más alto puntaje lo obtuvo en 2006, con 3,9/10, pero en 2011 su calificación cayó a 2,8/10.


Esta semana, TI divulgó su Índice de Percepción de la Corrupción 2012, advirtiendo un cambio en la forma de asignar puntajes, que ya no son sobre 10 sino sobre 100. Colombia obtiene 36/100, que si lo traducimos al modo de calificación anterior, equivaldría a 3,6/10, lo que muestra una mejoría con respecto a 2011 y un cambio de la tendencia descendente. De todas maneras, estamos muy mal, en comparación con Chile y Uruguay, que obtienen cada uno 72/100 y se consolidan como los países menos corruptos de América Latina, a notoria distancia del que les sigue en la tabla, Brasil, que sólo tiene 43 puntos, seguido de Perú, que nos antecede con 38.


Para salir de esa condición de parias en materia de transparencia, Colombia ha venido haciendo esfuerzos institucionales y también desde el sector privado. El año pasado, el presidente Santos sancionó la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, que crea mecanismos de prevención y fortalece algunos ya existentes, promueve la investigación y sanción de actos de corrupción y busca mayor efectividad en el control de la gestión pública. Y sabemos que la Corporación Transparencia por Colombia, el Ministerio del Interior y la Embajada Británica, en alianza con la Red Pacto Global Colombia y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, vienen trabajando juntos en la preparación de propuestas de reglamentación e implementación de la ley.


En todo caso, todo esfuerzo es poco en la lucha contra un cáncer que, según la Procuraduría, representa para el país pérdidas equivalentes al 1,5 % del PIB, y para conseguir algún día, por qué no, figurar en la honrosa lista de los que aprueban el exigente examen de Transparencia Internacional, apenas una tercera parte de los 176 examinados este año.