Editorial

¿En qué queda la pregonada equidad?
4 de Diciembre de 2012


Los congresistas pueden dar un mentís a la acusación de estar legislando en provecho propio y de quienes los han antecedido en el disfrute de pensiones millonarias.

El gobierno y los partidos que lo acompañan en el Congreso han vendido el proyecto tributario que se tramita en esta legislatura como una “reforma para la equidad y la generación de empleo”. Sin embargo, la presteza con que las Comisiones Económicas de Senado y Cámara le dieron entierro de tercera al artículo que buscaba gravar con un modesto 5% las pensiones superiores a $9.800.000 está en absoluta contravía con ese publicitado pregón de justicia distributiva.


La víspera de la votación en la sesión conjunta de las comisiones terceras, el senador Roy Barreras, presidente (e) de la U – el partido de gobierno – expidió un comunicado en el que anticipaba que “el primer logro de la reforma tributaria es que le cobra menos o nada a los que poco tienen, y le cobra más a los que ganan mucho”. De haber sido consecuentes, con sus nueve votos en comisión de Cámara y los 4 en comisión de Senado, sumados a lo que ostenta el Partido Liberal – que se ufana de su profunda vocación social y que tiene en el ministro del Trabajo a uno de los “padres de la criatura” – bien pudieron salvar el artículo, al menos para que fuera el pleno de los congresistas el que asumiera la responsabilidad de su retiro.


Las cifras que cita el Ministerio del Trabajo para sustentar por qué es conveniente y justo que se graven las altas pensiones son elocuentes. En la actualidad, la inmensa mayoría de colombianos que recibe pensión son de rango salarial bajo: el 8,8% recibe un salario mínimo; el 59,7% percibe pensión entre uno y dos smlv, y el 20,9% entre dos y menos de cuatro salarios mínimos. En Colombia hay cuatro millones de personas mayores de 60 años y sólo un millón recibe pensión. De ese millón, sólo 989 personas reciben mesadas superiores a los 16 smlv – la gran mayoría ex congresistas y ex altos funcionarios del Congreso – y a ese reducido grupo de privilegiados estaba dirigida la norma depuesta prematuramente.


Aquí hemos sido críticos persistentes de las pensiones leoninas, conseguidas hasta hace unos años mediante los funestos regímenes especiales, que implicaban inequidad y hacían inviable para el Estado atender ese compromiso, y que fueron eliminados casi en su totalidad después de arduas batallas legislativas. Sin embargo, un régimen de transición – que contempla factores salariales especiales a la hora de liquidar el valor de la pensión – y la jurisprudencia que sobre el tema han dictado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, siguen permitiendo que a través de tutelas y ominosos ‘carruseles’ judiciales se adjudiquen pensiones por encima del tope legal de los 25 smlv, fijado por Acto Legislativo 01 de 2005. Hoy hay y se siguen aprobando pensiones superiores a 50 smlv, más de $26 millones de 2012.


Hay que tener en cuenta que el 24% del Presupuesto General de la Nación se destina al pago pensional, en cifras absolutas, son $40 billones, de un Presupuesto para este año de $165,2 billones. El país tiene que defender los derechos de las mayorías, en este caso representados en un mejor equilibrio y una mayor cobertura del beneficio pensional, pues no hay razón para que sólo la cuarta parte de quienes tienen edad para ello estén disfrutando hoy de una modesta pensión.


Nos parece que el presidente Santos debería hacer valer sus mayorías parlamentarias e instruir a sus ministros de Hacienda y Trabajo para que defiendan en las plenarias conjuntas de Senado y Cámara el restablecimiento de ese artículo, que así no resuelva la inicua brecha pensional, es un principio de justicia contributiva. Para los congresistas sería además la posibilidad de dar un mentís a la acusación de estar legislando en provecho propio y de quienes los han antecedido en el disfrute de pensiones a más de jugosas, en muchos casos leoninas.