Editorial

¡De acuerdo, señor Presidente!
20 de Noviembre de 2012


El uso del recurso de revisión hace que el fallo no sea obligatorio y por tanto no se podría acusar a Colombia de desacato.

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Por nuestra sólida convicción de que Colombia ha ejercido jurisdicción y soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con todos sus cayos y accidentes geográficos y con el mar territorial circundante, desde 1813, y que el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 lo que hizo fue dar plena vida jurídica a esa realidad histórica y geográfica, lo que esperábamos del fallo de la CIJ era, como mínimo, la ratificación del meridiano 82 como límite marítimo con Nicaragua.


Con la nueva línea fronteriza que traza la Corte entre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la costa de Nicaragua, aunque confirma la soberanía colombiana sobre los siete cayos que ese país pretendía - Serranilla, Bajo Nuevo, Quitasueño, Serrana, Roncador, Este Sudeste y Alburquerque- le hace la gratuita concesión de un área marítima que va más allá de las 12 millas de los cayos de Serrana y Quitasueño al norte y otro espacio al sur de los de Alburquerque y Este Sudeste. Ese enclave al norte y la pérdida de una porción considerable de mar territorial son absolutamente inaceptables para Colombia.


Para ser enteramente francos, el fallo de la CIJ no tiene aspecto positivo alguno, como quieren presentarlo algunos analistas y periodistas criollos. Por ejemplo, la columnista Laura Gil sostuvo en días pasados (Tierra de nadie, oct. 16/El Tiempo) la peregrina tesis de que “cualquier delimitación al occidente reflejaría un triunfo jurídico para Colombia, así ello implicase una pérdida de mar”. Llegó a plantear incluso que “si este Gobierno se ve obligado a entregar parte de un mar entendido hasta hoy como colombiano, por mucho que duela, deberemos sentirnos orgullosos de un Estado que respeta el derecho internacional”.


Por suerte, la alocución presidencial de anoche no deja dudas de que el doctor Santos, después de debatir el tema y escuchar las opiniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con la que se reunió en la tarde, rechaza la línea mansurrona y adopta la muy firme decisión de rechazar ese fallo en lo que tiene de inconveniente para Colombia y echar mano de los recursos a que haya lugar.


El argumento del señor Presidente es de una claridad meridiana. La CIJ incurre en contradicciones flagrantes, pues “se sale del ámbito cobijado por el tratado, que ella misma había declarado válido y vigente”, para otorgar a Nicaragua soberanía marítima sobre áreas colombianas y, como si fuera poco, en contravía de “una doctrina histórica del derecho internacional, establece el límite hacia el oriente del Archipiélago, desconociendo otros tratados de límites suscritos por Colombia”. Rechaza el Presidente que “después de reconocer la soberanía de Colombia sobre todo el archipiélago, y de sostener que éste, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva, la Corte ajuste la línea de delimitación, dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago”. Efectivamente, como dice el mandatario, “esto es inconsistente con lo que la propia Corte había reconocido, y no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago”.


Si bien no existe para el caso el recurso de apelación, Colombia sí puede echar mano de otro recurso, el de revisión, que según la experta en Derecho Internacional Público, Hanady Muhiar, está previsto en el reglamento de la CIJ. El recurso de revisión entablado y manejado con acierto diplomático garantiza prácticamente la continuidad del estatus quo, para sustentarlo ante la Corte durante un plazo de diez años, el cual es casi seguro que se tomaría el tribunal. El uso de este recurso hace que el fallo no sea obligatorio y por tanto no se podría acusar a Colombia de desacato.


Como dice el doctor Santos, “el Gobierno respeta el derecho internacional pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones”. ¡Adelante, señor Presidente, y cuente con nuestro irrestricto respaldo!




Comentarios
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Héctor
2012/11/20 02:03:22 pm
Estatuto CIJ Artículo 60 El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. Artículo 61 1. Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia.