Editorial

Mano dura a la minería ilegal
18 de Noviembre de 2012


Su pronta aprobación sería un certero disparo al ojo derecho de Filipo, en plenos diálogos con uno de los promotores y beneficiarios de la minería ilegal en Colombia.

 


De tiempo atrás, distintos organismos de control, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, al igual que voceros de la opinión pública – EL MUNDO entre ellos – han advertido sobre el peligroso crecimiento de la minería ilegal en el país, convertida en los últimos años en otra jugosa fuente de financiación y en mecanismo para el lavado de activos por parte de organizaciones terroristas, aparte de otras secuelas, como el deterioro ambiental, la afectación de la salud pública y el riesgo de accidentes fatales por explotación inadecuada. 


En julio de 2011, un estudio de la Defensoría constató que la explotación minera ilegal se daba en el 44% de los municipios colombianos, siendo Córdoba, Boyacá, Risaralda, Quindío, Valle, Caldas y Antioquia las regiones más afectadas. Denunció el organismo que costosos programas de legalización de minas habían tenido casi nula eficacia y que, para colmo, se estaba extrayendo oro, carbón y materiales para la construcción – que es lo que más se saca del subsuelo – en áreas protegidas adscritas a Parques Nacionales Naturales, con afectación de fuentes de agua para el consumo humano. En septiembre del mismo año, la Procuraduría General divulgó otro informe en que habló de la anarquía, la ambigüedad y la ineficacia de la normatividad minera vigente, y advirtió que la falta de control del Estado hacía más atractiva y rentable la minería ilegal para grupos como guerrillas y bandas criminales.  


Aunque el gobierno se tomó más tiempo del necesario para estructurar un proyecto de lucha contra la minería ilegal, tenemos que reconocer que el que acaba de presentar a consideración del Congreso no sólo actualiza y ordena la normatividad sobre la materia, sino que propone mayores penas de cárcel y más fuertes sanciones para todas las conductas alusivas a esa práctica. El hecho de que haya sido un texto preparado de común acuerdo por los ministerios de Minas, Justicia, Ambiente y Defensa, es prenda de garantía de un trabajo juicioso e integral, que además deberá ser enriquecido en los debates legislativos. 


En la exposición de motivos del proyecto de 15 artículos, el gobierno hace un señalamiento sumamente grave. Dice que así como sucedió en el apogeo del narcotráfico, hoy son las guerrillas y las ‘bacrim’ las que “están infiltrando empresas y alcaldías para tener el control de la explotación de metales preciosos”.


Y agrega que “es tan rentable el negocio, que la guerrilla y las bandas ya manejan sus propias excavadoras y otra maquinaria en regiones como el Bajo Cauca y el Oriente antioqueño, y los departamentos de Chocó y Nariño”. Eso nos da una idea de cuán inocuo y alejado de la realidad es seguir considerando, como hasta ahora, que la extracción ilegal de riquezas de subsuelo sea un delito menor, que se castiga con la ínfima pena excarcelable de dos años, para no hablar de sanciones, como multas y decomisos, inoperantes en la mayoría de los casos, como lo reconoce el gobierno. Sin embargo, estamos en absoluto desacuerdo con el artículo referido a la destrucción de maquinaria pesada decomisada a los delincuentes. Eso nos parece tan absurdo como que en su momento se hubiera ordenado la destrucción de los bienes de los narcos. Tiene que haber una manera de garantizar la custodia y la pronta expropiación y aprovechamiento de esos costosos equipos en beneficio del país. 


El proyecto está estructurado para combatir la minería ilegal en sus fases de exploración, explotación y tráfico. Hay que reprimir desde quienes la propician hasta los que se sirven de la actividad para lavar activos provenientes de otros negocios ilícitos, como el narcotráfico y la extorsión, pasando por los que proveen a los mineros de insumos químicos y maquinaria pesada. Para sólo poner un ejemplo de la severidad de las penas propuestas, uno de los artículos dice que “habrá prisión entre 10 y 30 años y multa entre 650 y 50.000 smlv, para quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de explotación ilícita de minerales y otros materiales. Esta sanción también aplica para quien dé a estas actividades apariencia de legalidad o encubra su naturaleza”.


Recibimos con esperanza la iniciativa e instamos al Congreso a darle urgente trámite. Su pronta aprobación sería un certero disparo al ojo derecho de Filipo, en plenos diálogos con uno de los promotores y beneficiarios de la minería ilegal en Colombia y con el cual se va a discutir -¡válganos Dios! – la política minero-energética del país.