Editorial

Dudosa legitimidad de una senaduría
26 de Octubre de 2012


Andrés Guerra Hoyos, en franca lid, obtuvo 35.623 votos y tiene además el mérito de haber develado en forma oportuna la oprobiosa burla a las reglas de juego democráticas.

La Colombia de hechos insólitos, la del "realismo mágico" que asombró al mundo en los relatos de Gabriel García Márquez y lo hicieron acreedor hace 30 años al Premio Nobel de Literatura, es la misma que ahora consagra como senadora de la República a una ciudadana que hace dos años estuvo incursa en un vergonzoso fraude electoral que, por haber sido descubierto a tiempo, no le permitió gozar desde entonces de ese puesto de privilegio dentro de la democracia.


Ya lo saben. Nos referimos a Astrid Sánchez Montes de Oca, quien el miércoles tomó posesión de la curul que dejó el defenestrado senador Eduardo Merlano. Con este había perdido en las elecciones del 14 de marzo de 2010 por escasos 171 votos, después de que el Consejo Nacional Electoral le anulara 3.477 sufragios por graves irregularidades descubiertas durante una revisión aleatoria de la votación obtenida por ella en 15 municipios del Chocó. 


Hay que recordar que la intervención del máximo tribunal electoral se produjo a raíz de la denuncia de presunto fraude formulada por el también candidato al Senado por el Partido de la U, el hoy diputado antioqueño Andrés Guerra Hoyos. A él y a sus abogados se les hizo extraño que el boletín de la Registraduría del 15 de marzo, contabilizado el 93,82 % de la votación, diera a Astrid Sánchez 29.245 votos y que al terminar el pre-conteo, apareciera con más de 40.000 y una curul aparentemente asegurada. Vale aclarar que los resultados del preconteo revelados por la Registraduría carecen de valor jurídico y lo que cuenta para definir curules son los escrutinios. En los municipales, las comisiones escrutadoras revisan los documentos suscritos por los jurados e introducidos en las arcas triclaves la noche de la elección. Con base en los formularios E-14, las comisiones suman los votos obtenidos por cada candidato y elaboran el formulario E-24 o acta parcial, y el E-26 o acta general de escrutinio.


Las irregularidades, o mejor dicho, los delitos electorales presuntamente cometidos para favorecer a la señora Sánchez, están claramente explicados por el CNE en su Resolución 1271 del 17 de junio de 2010. Para el tribunal “lo consignado en los formularios E-24 no es otra cosa que registros muy distantes de la verdad de los resultados electorales (…), puesto que el resultado es muy distinto a lo señalado por los jurados de votación en el formulario E-14, sin justificación de la diferencia”. El CNE anula los votos que encontró fraudulentos y, en consecuencia, la votación finalmente asignada a la candidata chocoana fue de 37.020. Votación que azarosamente la tiene hoy gozando de una senaduría cuya legitimidad despierta muchas inquietudes.


No habla bien de la diligencia y eficacia de nuestra justicia que por el hecho de no haber resultado elegida hace dos años, se hubiera engavetado una resolución del máximo tribunal electoral, que bien podía ser cabeza de proceso de una investigación por delitos que allí se describen como “suplantación de electores, alteración de la votación, entregas extemporáneas, huellas dactilares que no corresponden con los números de cédula y falsedad en documento público”. Lo que se viene, sin duda, es un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, único competente para resolver si el fraude de octubre de 2010 en el Chocó es motivo suficiente para despojarla de la curul y dar paso a Guerra Hoyos, quien, en franca lid, obtuvo 35.623 votos y tiene además el mérito de haber develado en forma oportuna la oprobiosa burla a las reglas de juego democráticas.