Editorial

Una inaceptable intromisión
24 de Octubre de 2012


Nos negamos a creer que esa carta tenga el aval de la Alta Comisionada y del propio secretario General, Ban Ki-moon.

Solidarios con el clamor de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, desde hace varios años venimos reclamando la estructuración de un proyecto de Acto Legislativo que no solo aclare los alcances del Artículo 221 de la Carta en relación con el fuero militar, sino que fortalezca la Justicia Penal Militar y mejore el sistema de defensa y la seguridad jurídica de los guardianes del orden y la democracia en Colombia. Por suerte, hoy esa reforma constitucional está a dos debates de concluir su trámite legislativo.


El sexto debate se cerró el pasado 16 de octubre en la plenaria de la Cámara de Representantes, con una contundente votación de 97 votos a favor y solo ocho en contra.


Estos son algunos de los puntos más sobresalientes del proyecto: se deja clara la competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar sobre todo lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario (Derecho de Guerra) y, consecuentemente, la competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria sobre los delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, entre otros. Se autoriza la conformación de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial Penal Militar y un Tribunal de Garantías Penales, y se crea una Comisión Mixta del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para dirimir si, conforme al Derecho, casos dudosos van a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria. Se crean una defensoría técnica, financiada por el Estado, y un fuero especial carcelario; y finalmente, se instaura la Justicia Penal Policial.


Uno de los miembros de la minoría derrotada en la Cámara de Representantes, el parlamentario comunista Iván Cepeda, hizo en ese último debate una revelación sorprendente: “Por primera vez once relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas le han dirigido una carta al Gobierno colombiano (…) manifestando su preocupación por el grave impacto que puede tener ampliar el fuero militar para los derechos humanos en Colombia”. Por lo visto, el señor Cepeda tuvo el raro privilegio de conocer la comunicación antes de que esta llegara a su destinatario y de que fuera hecha pública, este lunes.


Eso de “por primera vez...”, a que alude Cepeda, debiera llamar la atención de la Cancillería y de la Embajada colombiana en la ONU, pues hasta ahora Colombia ha aceptado de buena gana el escrutinio de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH. -aunque no siempre estemos de acuerdo con ella- y acoge con respeto a su representante en Bogotá, Todd Howland, quien por cierto salió públicamente ayer a reforzar las tesis de los relatores, diciendo que aquí “no es necesario reformar la Constitución para aplicar el fuero militar”. Pero resulta inaceptable que, de buenas a primeras, nos cambien las reglas de juego y un grupo de burócratas internacionales, desde sus cómodas butacas en Ginebra, resuelvan intervenir en asuntos internos de nuestro país y pretendan dictar cátedra al Gobierno y el Congreso sobre lo que se puede o no hacer en materia de justicia militar.


Nos negamos a creer que esa carta tenga el aval de la Alta Comisionada y del propio secretario General, Ban Ki-moon.