Editorial

Ajustes a Justicia y Paz
19 de Octubre de 2012


Ya nos parec韆 extra駉 que el legislador se tomara casi un a駉 para dar tr醡ite a un proyecto del Gobierno cuya urgencia estaba m醩 que demostrada.

 


Al fin dio punto en el Congreso y pasó a sanción presidencial el proyecto de reforma de la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, un magnánimo código de justicia transicional que el país aceptó hace 7 años para dar vuelta a la horrenda página del narco-paramilitarismo, pero que presentaba serios vacíos jurídicos que amenazaban con dejar sin castigo múltiples crímenes y sin verdad ni reparación a las víctimas. 


Ya nos parecía extraño que el legislador se tomara casi un año para dar trámite a un proyecto del Gobierno cuya urgencia estaba más que demostrada y que desde el primer debate en Comisión 1ª de Cámara, a mediados de noviembre de 2011, pasó con el voto casi unánime de los congresistas y sin mayores modificaciones. Había sido objeto, además, de un llamado angustioso de la Fiscalía General en el sentido de que fuera autorizada para priorizar los casos más graves a fin de resolver la grave congestión de los procesos y advirtiendo de paso que si se cumplían los 8 años de Justicia y Paz sin resolver la situación jurídica de cientos de desmovilizados, podría presentarse una excarcelación masiva, alegando pena cumplida o vencimiento de términos sin recibir condena, e incluso sobrevenir una cadena de demandas contra el Estado. 


Otro hecho que hacía inaplazable la aprobación de la Ley es el pobre balance que hasta ahora muestra la aplicación de Justicia y Paz, pues a la fecha se reportan solo 14 sentencias condenatorias, hay apenas once postulados en la fase de incidente de reparación, 128 con legalización de cargos y 292 a quienes les concluyó la audiencia de formulación de cargos. Solo pensar que hay más de mil postulados esperando audiencia de imputación, más de 38.000 hechos delictivos confesados, entre los que se incluyen mil masacres, 25.000 homicidios, 11.000 casos de desplazamiento forzado y 3.400 de desaparición forzada, nos da una idea del tamaño de la empresa inconclusa, sobre todo si se piensa que del lado de las víctimas hay miles de padres, madres, hermanos, hijos y demás parientes esperando justicia, verdad y reparación. 


Sin la pretensión de un examen exhaustivo de la norma, que ya harán los especialistas y los llamados a aplicarla con la mayor diligencia y eficacia, queremos destacar varios cambios fundamentales a la Ley 975. Lo primero es que ya no serán cuatro audiencias por desmovilizado: imputación, formulación de cargos, legalización y juicio. Ahora, en una sola audiencia se imputarán todos los cargos y se presentarán las pruebas por parte de la Fiscalía. Con eso se aspira a reducir a la mitad la duración de los procesos. 


La norma es severa con los desmovilizados que no entreguen todos los bienes susceptibles de servir de reparación a sus víctimas o que no digan toda la verdad de sus delitos, pues no solo autoriza su expulsión del proceso sino que los entrega a la justicia ordinaria para ser juzgados por crímenes que ya no pagarían con ocho años de prisión sino hasta con 40, la máxima pena en Colombia. Pero a su vez es generosa con los postulados de Justicia y Paz que hayan cumplido todos los requerimientos de la justicia transicional, pues podrán solicitar, transcurridos 8 años de detención, el beneficio de libertad condicional mientras se les fija la condena. Hay otras causas de pérdida del beneficio que no contemplaba la ley original, como la negativa a participar en versiones libres, las confesiones incompletas o la reincidencia en el delito. 


En atención a la solicitud de la Fiscalía General para agilizar los procesos, esta fue autorizada para dar prioridad a los casos más graves, según tipo de delito, jerarquía del que lo comete dentro de la organización, vulnerabilidad de las víctimas, etc. La norma también amplía la vigencia de Justicia y Paz para incluir tanto paramilitares como guerrilleros desmovilizados después de julio de 2005. Pero como la justicia transicional, además de excepcional es temporal, la ley determina un límite para futuras postulaciones. 


Finalmente, cabe resaltar la decisión del legislador de poner freno a las maniobras leguleyas de defensores y defendidos para entrabar los procesos o, lo que es peor, para buscar beneficios a través del falso testimonio en perjuicio de personas ajenas a sus crímenes.