Columnistas

La violencia juvenil no ocurre en el vacío
Autor: Ximena Norato
19 de Octubre de 2012


La verdad es que el 10% de las capturas en el país son de personas menores de edad.


Yo estoy por creer que no hay motor más grande que los imaginarios, los mitos y las costumbres, y que ello es más fuerte que la razón. Por ejemplo, los adolescentes delinquen tanto que hay que poner toque de queda. La estigmatización de los jóvenes como agentes del delito ha cobrado tanta fuerza que constantemente se hace referencia a esta problemática tanto en medios masivos como en recintos de debate político.


La verdad es que el 10% de las capturas en el país son de personas menores de edad. ¿A quién habría que ponerle el toque de queda? Yo creo que si una noche dejáramos salir a todos los niños y niñas de Colombia a hacer lo que les gusta: jugar y comer bombones, ese día sí lograríamos bajar en un 90% o más la violencia. La cifra es de la Policía, mito contra razón estadística.


Los centros de detención para menores están repletos de jóvenes sin esperanza, maltratados por sus familias, víctimas de violencia física, sexual y psicológica con niveles educativos paupérrimos, mal nutridos, mal amados y lo peor, como dice Juanes, vocero de la campaña “Soñar es un Derecho”: “sin derecho a soñar”. Así que como sociedad, como familia y como Estado les reclamamos que nos devuelvan lo que en principio les hemos negado y que con nuestra grave omisión les hemos llevado a buscar de la peor manera, su derecho a comer y a subsistir. La estadística lo comprueba. Sin embargo, y ante las gravísimas circunstancias de vulneración a las que sometemos a nuestros jóvenes, frente a la tasa total de adolescentes entre 14 y 17 años en el país, solo el 0,4% infringe la ley. Otra vez, vencemos el mito. Los adolescentes, por más mechudos, peli-pintaos y llenos de ganchos en las orejas NO son delincuentes. 


Entre marzo de 2007 y junio de 2012, según el ICBF, ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente -SRPA- 100.866 casos. De ellos, el 36% fue por hurto. Distinto a lo que piensa la sociedad, inducida por congresistas y ministros que quieren ponerle rejas a los colegios, las lesiones personales y el homicidio, presentan frecuencias más bajas, con el 11% y 3% respectivamente.


Una cifra que no me explico por qué aparece allí, es que de esos 100 mil adolescentes capturados, el 36% fue detenido por tráfico de estupefacientes, lo que se llama en la legislación de infancia “utilización de los menores de edad”, una de las peores formas de trabajo infantil y delito sobre el cual se debe capturar al adulto que provee la droga y se lucra, y no al joven utilizado. Colombia, por supuesto, tiene varias leyes suscritas sancionando ese delito.


Si el joven delinque sí hay sanciones, no puede hacer lo que quiera. Otro mito que podemos ir dejando de lado. Pero hay que ser justos y decir que quienes operan el SRPA no están totalmente preparados para cumplir a cabalidad con las obligaciones derivadas del mismo, que contempla para delitos no graves, amonestaciones, trabajos con la comunidad, libertad vigilada y para los delitos graves, penas de varios años de privación de la libertad, más de las que se imponen a desmovilizados por confesar 100 asesinatos. 


Este letrerito de algunas tiendas que nos dice: “Póngale cuidado a su hijo que si rompe una vajilla se la cobramos a usted”, nos sirve para ilustrar el artículo 25 de Código Penal colombiano y que lleva por nombre: “Responsabilidad civil de padres o representantes legales” y dice “la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión.  Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley”. 


Y entonces, si tenemos hijos que patean carros y rompen vidrios y tenemos la obligación de impedir esa conducta a través de la educación, el acompañamiento y el amor, ¿por qué seguimos creyendo que todo ello puede ocurrir sin doliente?


Como familia, sociedad y Estado tenemos inmensas obligaciones y nuestra omisión repercute de manera grave en la niñez y la adolescencia. No es a los jóvenes a quienes debemos llevar a los tribunales, no es el síntoma del descuido y la negligencia a quien hay que ponerle rejas. Debemos trabajar en los factores que causan la delincuencia, en subsanar las graves faltas y en llenar los inmensos  vacíos que dejamos en la crianza de nuestra niñez. Eso es interés superior.