Editorial

La financiación de la universidad
15 de Octubre de 2012


Sin desconocer la importancia y la urgencia de medidas temporales que permitan solucionar la crisis actual de las instituciones, la situación impone recordar que está pendiente la discusión de un nuevo proyecto de reforma a la educación superior.

Los rectores del sistema de universidades estatales han vuelto a llamar la atención del Gobierno Nacional sobre su precaria situación financiera y su incapacidad para mantener los niveles de cobertura, todavía modestos frente a las necesidades del país, y garantizar su desarrollo según exigentes cánones internacionales en materia de investigación y desarrollo. Dado el importante papel de la universidad pública como motor de equidad social y del desarrollo integral, es importante atender el llamado de los directivos a aumentar los recursos de su presupuesto para el año 2013 y dar prioridad a una solución estructural que ofrezca estabilidad financiera a universidades que han demostrado eficiencia.


Los rectores sustentan sus demandas en un estudio realizado por delegados de las mismas universidades que han considerado los aumentos de gastos de personal y de inversiones en cobertura, calidad e investigación. Según el análisis, entre los años 1993 y 2011 las universidades han logrado ampliar coberturas en 255 %; aumentar sus docentes con doctorado, que son los líderes en investigación, en 204 %, y crecer sus publicaciones científicas en 288 %. En el mismo período, y en virtud de lo ordenado por la Ley General de Educación, el presupuesto nacional destinado a las universidades ha aumentado en 88 %. Esto significa que el mejoramiento en equidad y calidad de nuestras universidades públicas han corrido por su propia cuenta.


Según el análisis adelantado por los vicerrectores administrativos de 27 instituciones del Sistema Universitario Estatal, los gastos extras en que han incurrido durante estos años han provocado que hoy enfrenten un déficit presupuestal equivalente a 11.555 millones de pesos, la misma que indican que no pueden resolver apelando únicamente a sus fuentes de financiación: matrículas, financiación de la investigación, venta de servicios y extensión.


Además de la importancia del sistema en la educación, los directivos reclaman mayor acceso al presupuesto nacional, aduciendo que el 90 % de sus alumnos provienen de los estratos 1 y 2. La cifra podría estar sobredimensionada, pues la participación de alumnos de los estratos 3 y 4 en estas instituciones es importante y también se nota alguna presencia de alumnos de las clases altas. Por eso, en este momento de crisis es importante que las instituciones generen mecanismos de control para que sí sean los estudiantes más pobres quienes se beneficien de la financiación estatal, mientras que las familias con capacidad económica deben contribuir a sus universidades mediante el pago de matrículas acordes con la calidad de las instituciones a las que acceden, que son pilares del sistema nacional de ciencia y tecnología.


Como medida inmediata por parte del Gobierno Nacional, los rectores consideran necesario aumentar cada año el presupuesto de cada institución en un equivalente al IPC más once puntos. Si bien es admisible considerar que las universidades deberían tener acceso a los recursos necesarios para que sigan siendo líderes en investigación científica y puntales del crecimiento de cobertura y creación de nuevos programas, es preciso reconocer que esa aspiración rebasa las capacidades del fisco nacional. En esas condiciones, una solución posible sería inicialmente hacer aumentos de presupuesto cercanos al cinco por ciento más el IPC y abrir el camino para medidas que eviten que los rectores tengan que salir de tiempo en tiempo a clamar por la crisis que los limita para la realización de sus propósitos misionales.


Sin desconocer la importancia y la urgencia de medidas temporales que permitan solucionar la crisis actual de las instituciones, la situación impone recordar que está pendiente la discusión de un nuevo proyecto de reforma a la educación superior que reemplace el que se acordó archivar, y cuya definición es tarea pendiente con el país del Ministerio de Educación y la Mesa Nacional Ampliada de Estudiantes, Mane. Solo una medida estructural puede resolver los problemas de financiación de la educación superior, establecer mecanismos precisos para garantizar la cobertura según el crecimiento de la población y consolidar mecanismos para financiar la investigación. Mientras no exista una medida estructural, toda acción será apenas paliativa para la severa crisis que no puede seguir atravesando la educación superior.