Columnistas

La impunidad y la muerte
Autor: Alfonso Monsalve Sol髍zano
14 de Octubre de 2012


Poner a un victimario como las Farc a decidir el futuro de miles de soldados y polic韆s, y de organizaciones que actuaron igual que la guerrilla, es una entrega total de la soberan韆 interna.

A puertas de la negociación con las Farc en Oslo y La Habana, el señor Fiscal General afirmó que podría ocurrir que ningún miembro de las Farc pagara condena en una cárcel, pues, de nuevo, la paz es el valor supremo de la nación y la Corte Penal Internacional, CPI, tendría que aceptar el indulto o amnistía, precisamente porque se trataría de un acto de soberanía del pueblo colombiano para terminar el conflicto.


Dichas declaraciones son preocupantes no sólo porque su interpretación sobre el derecho internacional de los derechos humanos, y en consecuencia la actitud que debería tener la CPI  es muy discutible, como lo prueba el hecho de que organizaciones de peso como Human Rights Watch tienen una interpretación radicalmente diferente, según la cual los delitos de lesa humanidad han de tener castigo, y presionarán al gobierno colombiano para que se atenga a ese punto nodal. Santos no se salvará de dichas presiones por muchos apoyos que reciba de gobiernos de distintos países, como  Estados Unidos y de la propia Unión Europea, que podrían ir cambiando de opinión, si sus ONG de derechos humanos (que no sean idiotas útiles o aliadas de las guerrillas),  los llegasen a cuestionar. Y porque negarían, como se probó con las autodefensas, que era posible condenar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.


Tampoco porque un indulto o una amnistía para las Farc (y probablemente del Eln),que  se produzca sin una medida simétrica para otros actores ilegales y una medida especial que asegure la libertad para los miembros de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad que han sido procesados y condenados o están transitando esa vía, estarían lejos de la reconciliación nacional. Poner a un victimario como las Farc a  decidir el futuro de miles de soldados y policías, y de organizaciones que actuaron igual que la guerrilla, es una entrega total de la soberanía interna, pues el gobierno estaría permitiendo que unos victimarios de las dimensiones de las guerrillas decidan los cursos de acción en este campo, como si fuesen inocentes víctimas. Insisto, la larva de la retaliación generadora de violencia que llevaría posiblemente a otro conflicto, cumpliendo, una vez más, con el ciclo vicioso de la violencia permanente en el tiempo, característica de la sociedad colombiana, como bien señala el expresidente Uribe en “No hay causa perdida”. Esto sin hablar  de que el Estado perderá toda la legitimidad que le produce el hecho de ser un Estado Democrático,  pues sería una admisión de culpa propia, la falsa aceptación de que nuestro país no es democrático sino una dictadura, y, en igual medida, concederá legitimidad al oponente (si es que en este caso hay oponentes y no compadres), ante los ojos de los colombianos y de la sociedad internacional.


Pero las declaraciones del señor Fiscal General de la Nación son  preocupantes, no sólo por lo anterior, sino porque inefablemente, la guerrilla aprovechará tales declaraciones para exterminar a quienes piensen diferente, a intensificar el asesinato, el secuestro (desmentido), el desplazamiento de miles de campesinos y mineros artesanales, etc., porque tienen la garantía de que serán indultados o amnistiados, por atroces que sean sus crímenes. Nos esperan malos días.