Política

It is a coherent project: Mejía
Es un proyecto coherente: Mejía
12 de Octubre de 2012


Comentarios de un especialista sobre el proyecto gubernamental que busca dotar al país de un nuevo, integral y único estatuto electoral.

Al expresidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, el abogado antioqueño Guillermo Mejía Mejía, le cayó muy bien el nuevo proyecto de Código Electoral y lo catalogó y lo reconoció como una iniciativa coherente y buena.


Y justificó este calificativo porque tiene la virtud de unificar la dispersa legislación electoral en un solo estatuto y porque su vigencia solo comenzará hasta el primero de enero de 2015 y, por ende, no se aplicará para los procesos electorales de presidente y Congreso de 2014.


Estas dos circunstancias, comentó el experto, permitirán que el proyecto salga adelante, pues los anteriores fracasaron por no tener origen gubernamental y por el interés de muchos congresistas de acomodar la ley a sus particulares intereses para las elecciones siguientes.


Sin embargo, este especialista en temas electorales comenzó su análisis al proyecto criticando que no está enderezado a implantar y reglamentar el voto electrónico como era lo deseable.


Destacó que en el pasado debate electoral de Venezuela el voto electrónico demostró sus bondades con un proceso electoral a prueba de dudas.


Alertó que Colombia se va a quedar a la zaga de todos los países del continente que ya lo tienen implantado como Brasil, Paraguay, Argentina y otros.


Y que pese a que la Comisión Asesora creada por la Ley 1475 para la implantación del voto electrónico ya terminó el informe final con destino al Gobierno Nacional, nuevamente Colombia enfrentará las próximas elecciones sobre papel, con todos los vicios conocidos (el fatídico formulario E-14), la suplantación de electores, el carrusel, etc.


Unificación de inhabilidades


Para Mejía Mejía una de las bondades del proyecto es que unifica las inhabilidades que actualmente se encuentran en normas constitucionales y leyes tales como la 617 de 2000, la 734 de 2002 y se crea el Sistema Único de Verificación de Inhabilidades a cargo de la Procuraduría General de la Nación.


Este sistema, dijo, contendrá todo lo relacionado desde   antecedentes penales, disciplinarios, de responsabilidad fiscal, sentencias de pérdida de investidura, providencias judiciales hasta órdenes de captura proferidas por autoridades nacionales e internacionales y sanciones disciplinarias proferidas por los Tribunales de Ética de las diferentes profesiones.


Esta información estará inicialmente a disposición de los partidos, con el fin de ejercer el derecho de postulación de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.


Las encuestas


Para el delicado tema de las encuestas electorales, Guillermo Mejía calificó como muy positiva la creación de la Comisión Asesora de Encuestas Electorales y la vigilancia que ejercerá el Consejo Nacional Electoral sobre las personas que realicen esta actividad cuando se trate de encuestas electorales o sondeos de opinión.


Lo anterior asegurará que las preguntas al público no sean formuladas de manera que induzcan una respuesta determinada y que las encuestas reúnan las condiciones técnicas señaladas por el Dane.


Esta norma, que también se encuentra en la Ley 130 de 1994, nunca ha sido aplicada por el CNE y en su criterio seguramente despertará mucha polémica al momento de su discusión en el Congreso, pues las firmas encuestadoras siempre han sostenido que una intervención previa sobre las preguntas constituye un atentado contra la libertad de expresión.


De otro lado, consideró como excelente la medida que ya se aplica en Venezuela y es la extensión del horario de votación desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde pero con la posibilidad de que los ciudadanos que se encuentren dentro de los puestos de votación al culminar la jornada electoral, al estilo de los bancos, puedan ejercer su derecho al voto.


Residencia electoral


Al señalar su concepto sobre la figura de la Residencia Electoral, advirtió que en la legislación civil colombiana no es claro el concepto de residencia, lo que ha propiciado una vieja discusión sobre la figura de la residencia electoral.


Pero admitió que en el proyecto se clarifica al adoptarse el criterio de la habitación como determinante para fijarla.


Esto le facilitará enormemente al CNE el control del trasteo de votos, otra endemia electoral colombiana, y posibilitará depurar el censo en aquellos municipios que tienen un censo electoral mayor al de población, como es el caso de Envigado. Resaltó como novedosa la creación del Servicio Electoral como un programa permanente de servicio social de la Organización Electoral, que podría ser prestado por estudiantes de la educación básica, media y superior, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.


Lamentó que no se aproveche la actual coyuntura para exigir algunas calidades a los alcaldes y gobernadores, distintas a la edad y a la residencia, y evitar como sucedió en la primera elección popular de alcaldes, que en un municipio de Antioquia resultó elegido un candidato analfabeta.



Las consultas electorales

El experto ilustró que en el caso de las hoy tan cuestionadas consultas electorales, el proyecto de Código Electoral delega en el CNE la reglamentación de esta materia.


Recordó que a este organismo ya se le había dado esta atribución desde el Acto Legislativo 01 de 2009, en su Artículo doce, que se reitera en el Artículo seis de la Ley 1475 de 2011.


Pero señaló que el CNE no hizo uso de esas atribuciones para las consultas del pasado 30 de septiembre y solo se limitó a fijar la fecha de su realización sin hacer ningún tipo de reglamentación (Res. 553/12).


Llamó la atención que la Ley 1475 obliga a los partidos a manejar una base de datos o registro de sus afiliados que debe reposar en los archivos del CNE, con el fin de que solo voten las personas que se puedan identificar como militantes de una colectividad. Para Mejía Mejía las consultas de los partidos son necesarias pero deben reglamentarse de tal manera que se evite el despilfarro de dinero cuando se trate de mecanismos que a la postre solo definen aspectos internos de los partidos y dejar la consulta popular solo para las consultas interpartidistas cuando lo que se busca es la escogencia de un solo candidato por coalición para aspirar a un cargo uninominal de elección popular (presidente, gobernadores y alcaldes).


Recomendó que la reglamentación que haga el CNE debe tener en cuenta la disponibilidad de los recursos del Estado como lo dispone el nuevo Artículo 334, inciso tercero. (Principio de sostenibilidad).


Y alertó que las consultas populares de los partidos contravienen la prohibición de la doble militancia, mientras se permita que ciudadanos militantes de un partido tomen parte en las decisiones de otros.




Los partidos políticos

Para abordar este tema dentro del contenido del nuevo proyecto gubernamental de Código Electoral, Guillermo Mejía recalcó inicialmente la definición de partidos y movimientos políticos que trae la Ley 130 de 1994, en su Artículo 2°: “Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación.


Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones”.


En su concepto esas son dos malas definiciones, porque lo único que hacen es crear confusión.


Al respecto comentó que todos los partidos con personería jurídica vigentes en Colombia utilizan el nombre de “partido” y alguno utiliza los dos nombres (partido y movimiento) como si fueran sinónimos.


En su opinión valdría la pena que en adelante solo se utilizara el nombre de partido y se eliminara el de “movimiento” pues de verdad se genera una confusión inútil que inclusive se crea desde la misma Constitución.