Nacional

Nuevo caso de robo de tierras podría ascender a cien mil hectáreas
8 de Octubre de 2012


Un nuevo caso de robo de tierras en Antioquia fue denunciado por el Incoder, éste comprometería entre 70 mil y cien mil hectáreas. El Ministro de Agricultura pidió celeridad en las investigaciones.

 


El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, reveló hoy que las hectáreas comprometidas en el nuevo caso de robo de tierras descubierto y denunciado por el Incoder, de la mano con la Procuraduría General, estaría entre las 70 mil y cien mil hectáreas.


Hoy el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, presentó ante la Fiscalía General de la Nación y las Fiscalías Seccionales de Medellín la denuncia penal por el robo de tierras descubierto en el departamento de Antioquia.


Se abrieron entre mil 500 y dos mil expedientes de titulación de baldíos, tramitados durante los años 2007 a 2011, que están en conocimiento y bajo custodia de la Procuraduría.


Los hallazgos encontrados por la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia, en los cuales se evidencia la posible comisión de conductas criminales por parte de particulares y funcionarios públicos adscritos a la Dirección Territorial de Antioquia del Incoder, exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades para castigar a los responsables.


“Se trata de una nueva modalidad delictual para adjudicar tierras baldías de la Nación que solamente se pueden adjudicar a campesinos pobres y sin tierras”, indicó el jefe de la cartera Agropecuaria.


“Pedimos celeridad en las investigaciones. Creemos que además de funcionarios, ex funcionarios y ex contratistas del Incoder, hay una red corrupta en la que participan particulares, intermediarios, notificadores, entre otros eslabones aún no detectados”, indicó Miriam Villegas Villegas, gerente del Instituto.


El Incoder y la Procuraduría identificaron varias tipologías para el robo de estas tierras. Entre ellas,  la titulación ilegal de baldíos a personas con altos patrimonios o con múltiples propiedades; titulaciones ilegales de extensiones de tierra que sobrepasan los límites máximos permitidos para las Unidades Agrícolas Familiares (ley 160 de 1994); sobornos por parte de funcionarios de la entidad a campesinos; formularios y resoluciones acomodadas y modificadas y, en conclusión, titulación de baldíos a personas que no son sujetas de reforma agraria.


Jhenifer Mojica, Subgerente de Tierras del Incoder, expresó en la denuncia ante la Fiscalía que “se evidenció una flagrante inobservancia de la ley agraria, al ser tomadas decisiones en total contravía de la ley”.


Se debe realizar “una intervención ante la totalidad de los expedientes mencionados, puesto lo que se detectó no fueron casos aislados, sino conductas recurrentes y generalizadas”, añadió Mojica.


Entre los posibles involucrados en el robo de tierra se encuentran cuatro directores territoriales de Antioquia, tres coordinadores técnicos y seis profesionales entre funcionarios y ex contratistas.


Entre las tipologías descubiertas, según explicó el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Oscar Darío Amaya Navas, se detectaron varias tipologías en la comisión de estos hechos.


En primer lugar entrega de tierras a personas naturales que ya tienen otra serie de predios (diez o más bienes); la segunda tiene que ver con la adjudicación de casas de veraneo y de locales comerciales en proceso de reforma agraria y en tercer lugar, adjudicaciones por encima de la Ley a personas que no tienen los requisitos para ser merecedores de este beneficio.


 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.


 



Acciones del Incoder

 


“Al interior del Instituto estamos adelantando las acciones pertinentes para esclarecer al máximo posible esta situación. Hemos tomado medidas preventivas, hemos cotejado información y también hemos reforzado nuestro equipo jurídico”, aseveró Miriam Villegas.


El Incoder ha realizado un trabajo conjunto con la Procuraduría para revisar procesos legales y reversarlos. Además, emitió una circular conjunta con la Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría para reforzar los cruces de información, la consulta de datos y los controles en los procesos de titulación de baldíos, para prevenir este tipo de actos ilegales. También ha denunciado penal y disciplinariamente a los funcionarios involucrados en aras de la transparencia institucional.


El Incoder, en virtud de la Ley 160 de 1994, tiene la función de titular baldíos a favor de la población rural. Dicho procedimiento debe ajustarse al estricto cumplimiento de este marco normativo, y es implementado por las Direcciones Territoriales del Instituto. A lo largo de estos trámites interviene la Procuraduría General de la Nación, a través de los procuradores delegados para Asuntos Agrarios y Ambientales.