Política

“Stand still” to party consultations
Tate quieto a las consultas
Autor: José Ignacio Mejía / Nacho
8 de Octubre de 2012


El proyecto de Código Electoral plantea claras diferencias entre las consultas populares y las internas, y establece los alcances de la financiación de cada una de ellas.

Foto: Cortesía 

Noveno intento desde 1986 en que se radica un proyecto de Código Electoral ante el Congreso de la República.

Una tempestad de críticas desde todos los ámbitos nacionales originaron los resultados de las recientes consultas partidistas, que al final salieron carísimas por la pírrica participación ciudadana.


Para ser coherente con esa severa y justificada reacción nacional, el nuevo proyecto de Código Electoral trae disposiciones para poner en cintura a las consultas que realizan los partidos políticos para adoptar decisiones internas y así evitar el despilfarro de recursos como ocurrió hace escasamente una semana.


El viceministro del Interior, el abogado antioqueño Juan Camilo Restrepo Gómez, confirmó que la iniciativa para legislar sobre un nuevo estatuto electoral le pone orden a las consultas y plantea diferentes clases de este mecanismo.


Por un lado, explicó, están las consultas como mecanismos de participación que utilizan los mandatarios (presidentes, gobernadores o alcaldes) para auscultar la opinión de una comunidad sobre la realización de alguna obra o en torno a una decisión administrativa, que influye en la vida de los ciudadanos.


Y las otras son las consultas que solicitan los movimientos y los partidos políticos para tomar decisiones dentro de su organización. Estas son las consultas a las que se pretende ponerle un tate quieto y evitar el costoso ridículo del pasado 30 de septiembre.


En la propuesta legislativa de Código Electoral se diferencia lo que es una consulta popular de una consulta interna.


En las consultas populares podrán participar los colombianos que hagan parte del Registro Electoral, concepto que sustituirá a la actual figura del censo electoral, en caso que el nuevo Código sea aprobado en esta y en la siguiente legislatura de 2013.


Se realizarán exclusivamente para escoger candidatos a elecciones unipersonales como presidentes, gobernadores y alcaldes. Serán financiadas por el Estado para el pago de toda la logística y de la infraestructura que se requiera para su montaje, además de reconocerle la reposición de los votos depositados.


Las consultas internas de los partidos, para definir  asuntos que solo interesan a una formación partidista, se llevarán a cabo con el registro de afiliados de cada partido que deberá tener listo y con militantes debidamente carnetizados. El Estado solo reconocerá la reposición de votos, pero la logística y toda la infraestructura correrá por cuenta de cada movimiento y partido.


Restrepo Gómez para explicar en detalle las consultas internas, puso como ejemplo que si un partido político quiere confeccionar su lista a la Asamblea de Antioquia,  el Estado no tiene por qué financiarle su logística en cada uno de los 125 municipios del departamento, lo que es muy costoso, sino que le corresponderá a esa colectividad asumir el montaje, pero el Estado sí le repondrá los votos que obtenga.



El Código Electoral

El texto de la reforma electoral, que se radicó por Cámara el pasado viernes, es el producto inicial de un proyecto que se radicó en el 2011 ante la Comisión Primera del Senado por parte del ministro del Interior de ese entonces Germán Vargas.


El viceministro del Interior, Juan Camilo Restrepo Gómez, recordó que en su redacción participaron y trabajaron el Pnud, el Consejo Nacional Electoral y la sala de consulta del Servicio Civil. Los ponentes fueron los senadores Juan Manuel Galán y Juan Carlos Vélez, pero esta iniciativa llegó hasta ahí porque nunca se le dio debate y mucho menos fue aprobada, además que ni siquiera fue incluida en el periodo legislativo del primer semestre de este año.


Al llegar al Ministerio del Interior su actual titular Fernando Carrillo y con la colaboración del viceministro Restrepo, se retomó el trabajo que esas entidades ya habían elaborado, se le incluyeron unos elementos y conceptos nuevos, otros acorde con lo que está reclamando el país y se le dio forma a una iniciativa contenida en 199 artículos y en 118 páginas, que fue la radicada el pasado viernes en la Secretaría General de la Cámara con el número 167/2012 Cámara.