Editorial

Apremios de la Corte al Procurador
15 de Septiembre de 2012


No está bien que el Ministerio Público, una de cuyas funciones es la guarda de los derechos humanos, obstruya el ejercicio que tiene la mujer a ser atendida por el Sistema de Salud en cualquiera de las situaciones límite en que es legal el aborto.

En plena campaña por su reelección y cuando todo indica que ya tiene los votos suficientes para conquistarla sin que se conozcan todavía sus contendores – los ternados por la Presidencia y el Consejo de Estado -, el procurador Alejandro Ordóñez se ha visto conminado por la Corte Constitucional a rectificar – en un plazo perentorio de 48 horas – una serie de pronunciamientos suyos y de dos de sus más importantes delegadas sobre el espinoso tema del aborto, el uso de ciertos medicamentos que para la Procuraduría son abortivos y para la Corte son simplemente anticonceptivos de uso legal y avalados como tales por la OMS, y los alcances de la objeción de conciencia para la práctica del aborto en las tres situaciones límites autorizadas en Colombia.


Nosotros creemos que, en términos generales, el jefe del Ministerio Público ha adelantado una buena gestión y bien merecido tiene el apoyo parlamentario y también el de amplios sectores de la sociedad en su legítima aspiración. No hemos compartido algunas decisiones suyas, como la de avalar el injusto castigo que una de sus subalternas – en un fallo a todas luces contraevidente y con tufillo a vindicta política – profirió contra el ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por supuesta participación en política. Tenemos coincidencias con el señor Procurador en temas tan importantes como el de la paz y la política de seguridad y estamos de acuerdo en lo dicho por él en días pasados con respecto al nuevo intento de negociación con las Farc: “Debo decir con firmeza que el proceso de paz debe terminar con el sometimiento de una guerrilla diezmada. Debe consistir en su desmovilización, reinserción y entrega de armas”.


En el caso en comento, tal vez por el excesivo celo en defender sus posiciones doctrinarias y su fidelidad a los dictados de la fe católica, al señor Procurador se le fueron las luces y terminó protagonizando un “choque de trenes” con la Corte Constitucional, cuya Sala Octava de Revisión, en una providencia de más de 200 páginas, acoge los argumentos de la abogada Mónica del Pilar Roa López y otras 1.279 mujeres, quienes un año atrás interpusieron una acción de tutela para “solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la información, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la educación y a beneficiarse del progreso científico, además de sus derechos reproductivos”, supuestamente vulnerados y amenazados por el Procurador, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez. Ambas funcionarias presentaron ayer su renuncia, pero a la hora de escribir este comentario no se conocía respuesta del Jefe del Ministerio Público.
Según la Corte, en dos circulares, un comunicado de prensa y tres conceptos, emitidos entre noviembre de 2009 y marzo de 2011 por el doctor Ordoñez y sus dos delegadas, no sólo se falta a la verdad sobre el alcance de sus decisiones sobre la materia, sino que las mismas habrían frenado importantes medidas puestas en marcha por el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Salud para cumplir la sentencia que despenalizó el aborto en tres casos específicos y la que ordenó la implementación de campañas de promoción a los derechos sexuales de las mujeres. La rectificación que exige la Corte tiene que ser “inmediata” y advierte que la nulidad, que bien puede invocar el Procurador, “no es un recurso contra la decisión ni tiene un efecto suspensivo sobre la misma”.


No vamos a entrar en detalles sobre las consideraciones y mandatos de la Sentencia T-627/12, que la prensa ya ha recogido en sus aspectos fundamentales y cuyo texto cualquiera puede consultar en Internet. Pero sí queremos reiterar lo dicho aquí desde el 2006, a raíz del histórico fallo de la Corte Constitucional, que autorizó la interrupción del embarazo sólo en los casos extremos de violación o incesto, malformación del feto y peligro para la salud o la vida de la madre. No está bien que el Ministerio Público, una de cuyas funciones es la guarda de los derechos humanos, obstruya de alguna manera el ejercicio del que tiene la mujer a ser atendida por el Sistema de Salud en cualquiera de esas situaciones límite, a sabiendas de que el aborto en todos los demás casos sigue siendo delito en Colombia.