Columnistas

Los bandazos judiciales
Autor: Orlando Arenas Tamayo
5 de Septiembre de 2012


La Corte Suprema de Justicia viene dando bandazos ante la opini髇 p鷅lica con comunicados primero, contra las columnistas Mar韆 Jimena Duz醤 y Cecilia Orozco

La Corte Suprema de Justicia viene dando bandazos ante  la opinión pública con comunicados primero, contra  las columnistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco, porque en sus artículos de opinión en la revista Semana y El Espectador,  pedían explicaciones precisas a la Corte por autorizar la extradición de alias El Canoso y por la salida del Magistrado  Iván Velásquez Gómez, quien ha liderado las investigaciones de la llamada Parapolítica, por una supuesta rotación de los cargos dentro de la Sala Penal  y con la amenaza de que denunciará penalmente a la  columnista Cecilia Orozco y segundo anunciando que no presentará la denuncia antes advertida.


Lo anterior es de gravedad porque proyecta un amedrentamiento a  los medios y a la  libertad de expresión y por el tono arrogante de la misma como si los ciudadanos, en un Estado Social de Derecho, no pudiesen pedir explicaciones a los funcionarios por sus actos y a expresar preocupación por actuaciones que puedan causar daño a la justicia como en este caso, porque si las afirmaciones de las dos columnistas no son ciertas, caben acciones legales, pero si lo son, la interpretación de los hechos, la crítica de los mismos, corresponde al ámbito exclusivo de su libertad de opinar, derecho constitucional como lo reconoce la Corte, contra el cual cabe la respuesta, no el veto. El segundo comunicado demuestra que se actuó con ligereza.  


El momento  es desafortunado, para decir lo menos, pues seguramente lloverán críticas muy severas al máximo organismo judicial por parte de las instituciones de defensa de los derechos de opinión a nivel mundial y en el  entorno local, al mostrar a un organismo vacilante y agresivo que representa la majestad de la justicia.  


El magistrado Velásquez ha sido tendencioso y sus investigaciones y conceptos tienen un claro sesgo político, pero me parece que quienes lo defienden están ejerciendo su derecho a opinar sobre la gestión cumplida por el magistrado, de la misma manera que la ex senadora Piedad Córdoba no debe ser judicializada por sus afirmaciones, temerarias a mi juicio, sobre la presencia militar en el Cauca y las alusiones a la intervención de la Guardia Indígena para desalojar a la fuerza pública de su  territorio. Pudo ser incriminada como colaboradora de las Farc pero la decisión de la Corte Suprema de inadmitir como pruebas los contenidos de los computadores de Reyes, la blindó por el momento de este riesgo y la Corte también recibió críticas por ello. Lo otro es un delito de opinión que no existe en Colombia.  


La Suprema tiene tareas más graves que resolver, como el nombramiento de las vacantes de magistrados, que inexplicablemente no se proveen, las falencias en la pronta y cumplida justicia, la acumulación de los procesos y muchas más,  para sacrificar todo su prestigio en el propósito de ponerle sordina a las críticas que se le formulan, pero parece que el reciente escándalo de la abortada reforma a la justicia en el que se vieron envueltos los tres poderes públicos, puede haber alterado la sensibilidad de algunos de los magistrados que hoy los tiene agrediendo mediante comunicados, para pasarle factura a sus críticos, amenazando la  libertad de opinión y la de prensa que los colombianos hemos defendido con el alma.