Editorial

Lecciones del caso Santoyo
23 de Agosto de 2012


Nadie mejor que él sabe el daño que se hizo a sí mismo, a su familia, a la institución que lo acogió a lo largo de 30 años y a su patria. Se dejó llevar de la codicia y la ambición y tiró por la borda una carrera destacada.

En EL MUNDO hemos tenido como línea de conducta la cautela y el examen riguroso de los hechos, sin dejarnos arrebatar por el sensacionalismo y la especulación, frente a hechos graves como el que hoy sacude al país y a sus Fuerzas Armadas, cuando por primera vez en su historia un general (r) de la Policía Nacional se declara culpable de graves delitos ante una corte extranjera. Hemos entendido que el escándalo mediático no ayuda a la solución y, por el contrario, contribuye a crear confusión y desconfianza en la ciudadanía y desmoralización al interior de la institución afectada.


Por eso, en lugar de hacer futurología apocalíptica o señalamientos anticipados contra personalidades de la vida nacional, que de alguna manera tuvieron que ver con la trayectoria del acusado, preferimos invitar a la reflexión sobre las muchas lecciones que deja el doloroso caso del general (r) Mauricio Santoyo Velasco, quien admitió el lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, que efectivamente abusó de su posición como alto oficial de la Policía Nacional de Colombia para favorecer a las Auc, una organización incluida como terrorista en la lista del Departamento de Justicia de los EE.UU. desde octubre de 2001. 


En los apartes del documento de aceptación de culpabilidad, revelados a la prensa, se dice que Santoyo “combinó, conspiró, confederó y acordó proveer material de apoyo, recursos (…) personal de servicios, asesoría profesional y asistencia a la organización terrorista”. También aceptó haber recibido sobornos a cambio de favorecer a jefes paramilitares con el producto de la interceptación ilegal de comunicaciones, la advertencia acerca de operativos en su contra y la entrega de información reservada que manejaban agencias de seguridad de Colombia, Estados Unidos y Gran Bretaña.


No podemos ser ajenos al drama personal de quien, al decir del fiscal de la causa, “abandonó su deber de proteger a los colombianos para servir a sus propios intereses y a los de los traficantes de drogas y terroristas”. Nadie mejor que él sabe el daño que se hizo a sí mismo, a su familia, a la institución que lo acogió a lo largo de 30 años y a su patria. Se dejó llevar de la codicia y la ambición y tiró por la borda una carrera destacada, en la que recibió condecoraciones y la expresión de gratitud de muchas familias que pudieron recuperar a sus seres queridos gracias a sus operativos como comandante del Gaula de Antioquia; el reconocimiento por su labor al frente del Cuerpo Élite Antiterrorista de la Policía; y su trabajo como jefe de Seguridad del expresidente Uribe, quien dice no haber tenido queja de su desempeño y ahora lamenta que su antiguo subalterno defraudara la confianza y ofendiera de esa manera a su Gobierno, “el primero y único -como afirma el exmandatario en su twitter- en desmontar paramilitares, debilitar eficazmente a la guerrilla y extraditarlos”.


Del caso Santoyo debemos aprender todos. La sociedad, que ha sido permisiva o indiferente ante el poder corruptor de las mafias del narcotráfico y de las más disímiles organizaciones criminales. La  Policía, que en sus 121 años de existencia no será la primera vez que tenga que extremar sus controles para evitar que se cuelen en su estructura o actúen impunemente bajo su cobijo, personas que, independientemente de su rango, sean proclives al soborno y la corrupción o que se extralimiten en el ejercicio de la autoridad. Aquí cabe un paréntesis para reclamar que las juntas de generales actúen con ética y profesionalismo y no por amiguismo o un mal entendido “espíritu de cuerpo” a la hora de recomendar ascensos de sus colegas.


En fin, también es una lección para el Congreso, y particularmente para la Comisión 2ª del Senado, que no debe actuar como simple notario de pueblo en la aprobación de ascensos en las Fuerzas Armadas, sino ejercer su función de control político, que para el caso no consiste en mirar qué tantas recomendaciones trae ni qué simpatía despierta el candidato en el Gobierno de turno o en la coalición dominante, sino cuál ha sido su trayectoria de pulcro y eficiente servicio al país que lo hace digno de llegar al generalato de la República.