Columnistas

Réquiem por el espacio público
Autor: Jorge Arango Mejía
5 de Agosto de 2012


El réquiem es una misa que se celebra en recuerdo de un difunto, días o años después de su muerte, para rezar por su alma. Hace un tiempo escribí en esta columna un artículo sobre la ruina del espacio público en Armenia, y le di el mismo título.

El réquiem es una misa que se celebra en recuerdo de un difunto, días o años después de su muerte, para rezar por su alma. Hace un tiempo escribí en esta columna un artículo sobre la ruina del espacio público en Armenia, y le di el mismo título. Ahora tengo que repetirlo, porque ya de lo que era el espacio natural de la gente no queda nada.


Infortunadamente, la administración municipal ha declarado expresamente que no hará uso legítimo de la fuerza para recuperar el espacio público, y que seguirá tolerando su invasión en perjuicio de toda la gente: aquí, en la ciudad sin Dios ni ley, el interés particular prevalece sobre el de la comunidad. Esa declaración estimulará la invasión de otros sectores.


Se anuncia una inversión multimillonaria para reconstruir los andenes. ¿Para qué? ¿Para que los vendedores los invadan inmediatamente? Como van las cosas, lo de la ciudad amable solamente será una mentira, porque únicamente habrá una aldea cada día más sucia, repugnante y peligrosa. Los contratos de esa inversión inútil enriquecerán a algunos contratistas pero en nada beneficiarán a los habitantes de Armenia.


La alcaldesa confió la defensa del espacio público al secretario de gobierno, locuaz, inepto y desleal. Éste, días después de su posesión, anunció que acabaría con la anarquía de las calles y los parques. Y cumplió: reemplazó la que existía por una tres veces mayor.


Este empleado afirma que no cumple la Constitución ni la ley, porque la invasión de las áreas comunes es un problema social. Su ignorancia le impide entender que el problema lo tiene la gente que ha  perdido el uso y el disfrute de su espacio natural.


Hace dos meses prometió que convertiría el centro de la ciudad en un inmenso centro comercial de cielos abiertos. Ya lo ha conseguido: para terminar su tarea sólo le falta prohibir el tránsito de automotores por todas las calles de ese sector.


En la próxima elección de alcalde habrá que decirle no a la politiquería con su compra de votos y sus demás vicios. En los últimos tiempos la situación ha venido empeorando. Y mientras los particulares hacen todo lo que está a su alcance por el progreso, los administradores públicos, por corrupción e ineficiencia, todo lo entraban y a todo le ponen obstáculos. Es la administración contra la gente. Elegidos para servir a la comunidad, únicamente sirven sus propios apetitos. Lo demás no les importa.


Armenia no puede seguir convertida en un gigantesco casino cuya principal actividad económica es la explotación de los más pobres. Y que crece en medio del desorden, del caos.


En todo este asunto no pueden olvidarse realidades evidentes. La primera, que en algunos de esos puestos callejeros se venden sustancias prohibidas. La alcaldesa y su secretario de gobierno dijeron, cuando me reuní con ellos en enero de este año, que ahí había expendio de alucinógenos, mercancías de contrabando y otras de ilícita procedencia. ¿Por qué estimulan ese comercio prohibido? ¿Qué intereses ocultos hay en todo esto?


La segunda, que este negocio está dominado por algunos empresarios que surten gran cantidad de puestos. Es negocio de ricos que explotan pobres.


Y la tercera, que la coercibilidad de las normas jurídicas es la posibilidad de hacerlas cumplir por medio de la fuerza legítima, cuando los obligados no las obedecen espontáneamente. El derecho sin la fuerza es la impotencia; la fuerza sin el derecho es la barbarie. Carlos Lleras dijo: “La ley mientras no sea derogada, tiene que acatarse; nadie puede decir, a la luz de sus intereses y opiniones, si la cumple o no.”


¿Dónde está la Procuraduría General de la Nación? ¿Acaso no es obligación suya “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, y los actos administrativos”? ¿Tampoco le corresponde “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”? Además, ¿no está obligada a defender los intereses de la sociedad y los colectivos? ¿Por qué, a pesar del expreso mandato constitucional, no desvincula de sus cargos a funcionarios públicos que infringen de manera manifiesta la Constitución y la ley?


Habrá que recuperar el espacio público: con la administración municipal o contra ella si no cumple sus obligaciones.