Columnistas

Las exigencias de los indígenas
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
29 de Julio de 2012


si la exsenadora cometió un delito, también lo hicieron los instigadores y perpetradores de las acciones contra nuestros soldados.


El palo no está para cucharas frente a las exigencias indígenas. Es clara la intervención de personajes conocidos por su desprecio al Estado de Derecho, instigando a los indígenas para que expulsen al ejército de sus territorios.  Por su parte, el gobierno ha aceptado la mesa de negociación con los dirigentes de la comunidad Nasa y la actitud de la Fiscalía es discutible.


Veamos: ya el señor Procurador General señaló que la intervención de la ex senadora Piedad Córdoba constituía instigación al delito, instigación a asonada y concierto para delinquir. Cualquiera que haya visto el video sabe que esa apreciación es acertada. Lo grave es que no se trata de cualquier persona sino de la líder de “Colombianos y Colombianas por la Paz” y del Movimiento Marcha Patriótica. ¿Cómo puede hablar así frente a la comunidad? No hay otra explicación sino que, al menos, fue invitada por los líderes indígenas en razón a sus afinidades ideológicas, los mismos que quieren una república independiente, ejerciendo soberanía sobre su territorio, negando al Estado Colombiano el derecho y la obligación constitucionales de que sus fuerzas armadas y de policía hagan presencia en todo el territorio colombiano. 


Ahora bien, si la exsenadora cometió un delito, también lo hicieron los instigadores y perpetradores de las acciones contra nuestros soldados. Ese no fue un gesto de paz ni de práctica de la no violencia. Arrastrar, vejar, escupir a los soldados es un acto de violencia en la que quienes criminalizaron al Estado fueron los indígenas y sus instigadores, que siempre sacan el argumento de que el Estado criminaliza la protesta social. Los indígenas dieron el contra ejemplo perfecto que dibuja de cuerpo entero qué entienden por protesta social pacífica. Pero esgrimir que su gente es neutral, equiparando el Estado con la guerrilla, es una falacia, que sólo busca retirar las autoridades legítimamente constituidas para reemplazarlas con aquellas, pues es la presencia de nuestras fuerzas militares y de policía la que impide que definitivamente tomen control del territorio. Es una actitud sediciosa que busca fracturar el Estado Colombiano. Finalmente, destruir las instalaciones defensivas de soldados y policías es un acto criminal contra los bienes del Estado.


Si se suma la actitud de Córdoba y lo que representa, con la presencia guerrillera en el Cauca y la actitud contra la soberanía del Estado por parte de los indígenas, que sólo favorece  a la guerrilla y sus aliados, y el hecho de que el narcotráfico teje el hilo de la comunidad de intereses, se llega a la conclusión de que la exsenadora pero también los dirigentes indígenas han cometido una serie grave de delitos que deben ser investigados y si es el caso, castigarlos.


Y aquí viene la actitud del Estado. ¿Qué será lo que negociará el Ejecutivo?  ¿Un despeje? Porque esa es la petición central, que de concederla sería un acto de traición. ¿Que haya inversión social, carreteras, etc.?  No se necesita tanta alharaca para eso, pero los líderes indígenas del actual movimiento y sus aliados saben que eso da protagonismo y envía el mensaje de que son víctimas, cuando son ellos –no todos, por supuesto-  quienes han destruido los nacimientos de agua y el bosque para sembrar y comercializar coca. Los derechos especiales culturales no dan patente de corzo para violar la ley colombiana. Veremos cómo actuará el gobierno.


Frente al tratamiento judicial, me llama la atención la posición del señor Fiscal. Aunque hubo delitos por parte de los indígenas, habla de invocar el derecho de oportunidad para no enjuiciarlos. ¿Cuál es su argumento? Que se trata de un conflicto social con una minoría étnica, que si se sanciona podría agravar el enfrentamiento. Yo pienso que es al contrario. No aplicarles la ley muestra la debilidad del Estado y los llevará a pensar que pueden actuar impunemente, haciendo que sus acciones aumenten en número e intensidad.   


El Fiscal ha dicho, ante la petición de que investigue a la exsenadora, que la determinación la tomarán un conjunto de fiscales, previa evaluación de los hechos. ¿Por qué este tratamiento especial que ofende a los colombianos? ¿Por qué por ejemplo no se tomó una medida parecida cuando se le imputaron cargos a Luis Carlos Restrepo?