Columnistas

Espacio público: una mala noticia
Autor: Jorge Arango Mejía
29 de Julio de 2012


Bien sabido es que una de las características fundamentales del derecho es la coercibilidad, es decir, la posibilidad de obtener el cumplimiento de la norma jurídica mediante el empleo legítimo de la fuerza por la autoridad competente.


La finalidad  del que escribe para el público, es crear una opinión pública ilustrada sobre los problemas de la comunidad y sus posibles soluciones.  Hoy tengo que dar una mala noticia sobre un asunto importante: el espacio público. Veamos.


El principal problema de Armenia es la invasión del espacio público. En el centro de la ciudad es casi imposible el tránsito de peatones y vehículos, porque hay una multitud de vendedores que ocupan las aceras con sus mercancías: frutas, verduras, artículos de toda clase, muchos de contrabando o de otra procedencia ilícita. Son gentes venidas de todo el país, porque saben que éste es un territorio de nadie, sin Dios ni ley.  Por eso presenté demanda en ejercicio de la acción popular, para que se ordenara a las autoridades municipales el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.


Rechazada la demanda, apelé y el Tribunal Administrativo enmendó el error y ordenó su admisión. Finalmente, se notificó a la alcaldesa la iniciación del proceso. Y aquí comenzaron las malas noticias.


En la respuesta a la demanda, la apoderada del municipio prácticamente negó la invasión del espacio público, le restó importancia y afirmó que solamente había algunos problemitas en vía de solución. Pero lo más grave se resume en lo que denuncié así al Juzgado, en memorial de julio 17:


“En la contestación de la demanda, la señora apoderada del Municipio anunció la inequívoca decisión de no hacer cumplir la sentencia que su Despacho profiera, en el caso de que acoja las pretensiones de la demanda. Al respecto afirmó:


“Lo anterior permite afirmar que la administración municipal no realizará procedimiento de recuperación del espacio público mediante el uso de la fuerza pública, por las implicaciones sociales que ello generaría, sino que por el contrario, ha venido desarrollando mecanismos de control e inspección del espacio público y la socialización de los proyectos de reubicación y organización de las personas que desarrollan actividades informales.”


“Esto implica la clara determinación de no cumplir la Constitución y la ley en relación con el espacio público. Bien sabido es que una de las características fundamentales del derecho es la coercibilidad, es decir, la posibilidad de obtener el cumplimiento de la norma jurídica mediante el empleo legítimo de la fuerza por la autoridad competente. Con razón se ha dicho que el derecho sin la fuerza es la impotencia, y la fuerza sin el derecho es la barbarie.


“Paradójicamente, esa afirmación se hace después de admitir que algunos vendedores callejeros, a pesar de ser ubicados en sitios apropiados para su actividad, vuelven a invadir el espacio público. Al respecto, reconoce:


“El Municipio de Armenia está haciendo lo pertinente para ubicar a los vendedores en sitios tales como la Plaza Minorista y el Centro Comercial Popular, sin embargo se observa que estos (sic)  vuelven a las calles a comercializar sus productos mediante la ocupación del espacio público, incluso utilizan los locales del Centro Comercial Popular como bodegas…” 


Ante la gravedad de esta promesa de no cumplir la Constitución y la ley, tuve que pedirle a la Juez que analizara si debía disponer que se expidieran copias de los documentos pertinentes y se remitieran a la Procuraduría General de la Nación, “para que se investigue la conducta de las autoridades municipales y la actuación de su apoderada. Concretamente, que se establezca si a ésta se le dio la precisa instrucción de anunciar el incumplimiento de la Constitución y de la ley, y de la sentencia que así lo ordenare.”


En síntesis: Armenia está en manos de los jueces. Si, como lo espero, fallan de conformidad con la ley, ordenarán la recuperación del espacio público. Y si las autoridades competentes no cumplen la sentencia, incurrirán en falta disciplinaria gravísima, en el delito de fraude a resolución judicial o de prevaricato por omisión.


Además, es menester que organizaciones como la Cámara de Comercio, Fenalco y la Sociedad de Mejoras Públicas comparezcan al proceso. A ellas corresponde la defensa de la ciudad, para eso existen. ¡Y que el Concejo Municipal actúe!


Armenia es de todos, y todos tenemos la obligación de defenderla. ¡Lo que está en juego es el futuro de la ciudad!