Editorial

Zarpazo centralista
19 de Julio de 2012


Dir醤 que delegar en la ANM las funciones de los gobiernos regionales en materia minera es combatir la corrupci髇 y la ineficiencia. Es una falacia centralista y un mero pretexto para el despojo.

Uno de los grandes aportes de la Constitución del 91 fue la consagración de la descentralización como principio fundamental de la democracia: descentralización política, con la elección popular de gobernadores y alcaldes, y administrativa, con la delegación de funciones y consecuente transferencia de recursos a los departamentos y municipios. Pero, que esté escrito allí en letras de molde, no ha sido óbice para que los distintos gobiernos centrales, con variados pretextos, intenten y aun consigan reversar esas conquistas de las regiones y de paso echar mano a sus siempre menguados recursos.


La decisión del Ministerio de Minas y Energía de retirar a los gobiernos departamentales de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander las funciones de fiscalización, seguimiento y control de la ejecución de los títulos mineros en sus territorios, y al mismo tiempo, excluirlos de la tramitación y la contratación de las concesiones, para delegar todo en la recién creada Agencia Nacional de Minería, ANM, es una muestra de esa incurable manía centralista, en contravía de la Constitución y de los intereses de las regiones.


El retiro de las funciones aludidas se hace mediante Resolución 181016 del 28 de junio de 2012, pero el despojo de los recursos que por ese concepto entran a los fiscos departamentales, se había formalizado días antes, mediante Resolución 180876 del ministerio de marras, del 7 de junio de 2012, en cuyo artículo 6º se asignan a la ANM, entre otros, los siguientes “derechos”:  Disponer del 100% del canon superficiario que liquide y recaude, respecto de los contratos de concesión celebrados y que se celebren a partir de la expedición de la Ley 685 de 2001…; y del 100% del canon superficiario que liquide y recaude, respecto de las licencias de exploración y contratos celebrados en vigencia del Decreto 2655 de 1988.


No conocemos la reacción de los demás departamentos afectados, pero sí la oportuna y muy enfática posición del gobernador Sergio Fajardo y de su Secretaria de Minas, Claudia Cecilia Cadavid. “Cuando se definen políticas nacionales hay que tener cuidado con lo que ocurre en el territorio”, afirma el mandatario seccional y revela que en este tema en particular le escribió al presidente Santos advirtiéndole que “están cometiendo un error al desconocer lo que significa la minería del oro para Antioquia”, y agrega: “Si al departamento le quitan las funciones, la capacidad para intervenir, lo dejan en situación de desventaja para enfrentar un tema que tiene connotaciones de informalidad, de ilegalidad”. Está el tema de los recaudos por el llamado canon superficiario, una contraprestación que deben pagar al Estado los beneficiarios de títulos mineros, y que ya no irán al fisco departamental sino a las arcas de la ANM. Y ni hablar del problema para quienes ejercen la minería con todas las de la ley, que podían tramitar todo en su respectiva gobernación y ahora deberán asumir sobrecostos en tiempo y dinero para ir a rendir pleitesía a la burocracia capitalina.


Dirán que delegar en un organismo nacional – por lo demás bisoño, como es la ANM – las funciones de los entes regionales en materia de minería, es una manera de combatir la corrupción y la ineficiencia. Es una falacia centralista y un mero pretexto para el despojo. En el caso de Antioquia, que es el que conocemos, la Secretaría del ramo ha acumulado experiencia y conocimiento en el manejo del 15,7% de los títulos que existen en Colombia, y si en algún momento pudo presentarse algo irregular, es tarea de los organismos de control descubrirlo y castigarlo. Pero centralizar no es garantía de que vayan a desaparecer los vicios, de los cuales no están exentas las instituciones nacionales. En todo caso, mientras no modifiquen el Artículo 1º de la Carta, el Gobierno central debe ser el primero en respetar la autonomía de las regiones.