Nacional

Fuerzas Armadas habrían colaborado en masacre de Mapiripán
16 de Julio de 2012


Según declaraciones de dos miembros de las Auc a la embajada estadounidense en Bogotá, las autodefensas y las fuerzas armadas colombianas coordinaron la que ha sido conocida como la masacre de Mapiripán, perpetrada en 1997.


AP


Dos miembros no identificados de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, dijeron a la embajada estadounidense en Bogotá que la masacre de Mapiripán, Colombia, en 1997, contó con detallada coordinación entre el ejército y las fuerzas irregulares llamadas autodefensas, según documentos desclasificados la semana pasada por el Departamento de Estado.


Los documentos, provienen de entrevistas que un funcionario no identificado de la embajada estadounidense sostuvo con dos integrantes de las Auc en Montería.


El funcionario diplomático concluyó que uno de los entrevistados, a juzgar por la información que suministró, "participó directamente en la planificación" de la masacre, que dejó entre diez y 49 presuntos simpatizantes de la guerrilla muertos, de acuerdo con distintos testimonios.


La masacre, de Mapiripán, perpetrada en el 15 y el 20 de julio de 1997, marcó el comienzo de ataques sangrientos protagonizados por escuadrones de la muerte en los llanos orientales colombianos.


"Llama la atención que un funcionario de la embajada participara en una conversación casual con uno de los presuntos autores de la masacre de Mipiripán", dijo Michael Evans, director del Proyecto de Documentación sobre Colombia del Archivo de Seguridad Nacional. "Pero la noticia verdadera es la “admisión directa” de los paras de que tenían “completa coordinación” con el ejército, de comienzo a fin. Esto sugiere que la conspiración de Mapiripán fue más amplia y más profunda de lo que se conoce hasta el momento".


La justicia colombiana condenó a 40 años de cárcel por la masacre al general Jaime Humberto Uscátegui, a los coroneles Lino Sánchez Prado —quien murió de cáncer cuando estaba detenido— y Hernán Orozco Castro, quien hoy vive en Estados Unidos como refugiado político. Los suboficiales José Miller Urueña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo resultaron igualmente condenados por los hechos de Mapiripán.


El fiscal Generoso Hutchison Lugo, quien actualmente adelanta la investigación por la matanza de Mapiripán, dijo hoy que por lo menos ocho paramilitares han sido condenados.


Hutchison recordó que en febrero pasado los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Raúl Hazbun reconocieron ser los máximos responsables de la referida matanza.


Aceptaron, según el funcionario judicial, su culpabilidad en delitos como homicidio, terrorismo y concierto para delinquir, o la asociación de dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes.


Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 bajo cargos de narcotráfico y Hazbun se encuentra preso en Colombia.


Según Evans, "este documento sugiere que las condenas previas por este caso —que involucran principalmente a oficiales de menor rango y crímenes por omisión— son solamente la punta del iceberg".


La embajada determinó que los dos entrevistados eran creíbles.


"No conocemos otra razón para que ellos eviten fanfarronear sobre la independencia absoluta de las Auc que su deseo de que el gobierno estadounidense entienda correctamente lo que había ocurrido 18 meses antes", escribió el entonces embajador Curtis Kamman.


La Fiscalía estimó inicialmente en 49 la cantidad de presuntos simpatizantes de la guerrilla asesinados en Mapiripán, pero testimonios de ex paramilitares recogidos en noviembre de 2011 por la Unidad de Justicia y Paz mencionaron únicamente 10 víctimas.


El abogado Eduardo Carreño, del grupo no gubernamental Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", quien primero presentó en octubre de 1999 la demanda contra el Estado por la masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que la cifra de 49 personas asesinadas fue ofrecida por el propio jefe de las ultraderechistas Auc, Carlos Castaño, poco tiempo después de ocurrida la matanza.


Castaño murió a manos de sus propios hombres en 2004.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por la matanza al estado colombiano porque "violó en perjuicio de cierto número de víctimas que el propio Estado mencionó como “aproximadamente 49” (...) los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida".


Evans difundió a comienzos de mes una carta donde funcionarios del Departamento de Estado expresan preocupaciones de que el coronel Orozco hubiera sido condenado injustamente en Colombia por testificar contra su supervisor, el general Uscátegui.