Editorial

El Frente Antiterrorista
6 de Julio de 2012


Hay que consolidar el triunfo del Estado sobre una subversión armada, derrotada militar y políticamente en el gobierno anterior – aunque a muchos les duela reconocerlo – y ese fue el mandato que recibió en las urnas el presidente Santos.

El país fue testigo ayer de un hecho singular en la vida política nacional. Un ex presidente de la República que decide encabezar un “Frente de Unidad en contra de los terroristas” por considerar que su sucesor en el solio de Bolívar predica una política de apaciguamiento con las Farc y el Eln y evade, en consecuencia, las obligaciones constitucionales que le ordenan ejercer con firmeza el monopolio de la fuerza.


El hecho tuvo ocurrencia en el Club El Nogal, en Bogotá, epicentro del atentado terrorista de las Farc del 7 de febrero de 2003, que dejó 36 muertos y 200 heridos. Allí, en el marco de un acto de solidaridad con el ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, víctima el pasado 15 de mayo de un ataque de esa organización que por poco le cuesta la vida, el ex presidente Álvaro Uribe presentó, junto a un grupo de sus más fieles escuderos y ante una nutrida concurrencia, el Manifiesto antiterrorista que, de hecho, ya venía circulando profusamente por distintos medios y en las redes sociales, con invitación a suscribirlo.


Antes de referirnos a puntos de ese documento, en coincidencia con tesis defendidas en este periódico, debemos recordar – para evitar equívocos – que aquí no apoyamos la candidatura del doctor Uribe en el 2002 sino que invitamos a votar por el candidato oficial del liberalismo; que votamos sí por su reelección en el 2006, primero porque de mucho tiempo atrás fuimos partidarios de la reelección inmediata, por razones filosóficas, políticas y prácticas que no es del caso recordar aquí y segundo porque el buen balance de su primer mandato, sobre todo en materia de seguridad, acreditaba una renovación de la confianza de los colombianos por otros cuatro años, como en efecto sucedió; pero nos opusimos con vehemencia, cuando sus áulicos pretendieron modificar de nuevo el famoso “articulito” para hacerse a un tercer mandato.


En el citado manifiesto se rebate la vieja falacia marxista, todavía en boga en nuestro medio, de “las causas objetivas de la violencia” que justificarían de alguna manera la existencia de grupos terroristas. Estamos de acuerdo en que “conferirle validez a las falacias justificadoras de la violencia terrorista es desestimular la cooperación ciudadana con las autoridades y deslegitimar la acción antiterrorista del Estado”. Aquí hemos dicho que hay que consolidar el triunfo del Estado sobre una subversión armada, derrotada militar y políticamente en el gobierno anterior – aunque les duela a muchos reconocerlo – y ese fue el mandato que recibió en las urnas el presidente Santos.


Que lo esté cumpliendo o no, está por verse. Los promotores del frente antiterrorista, como muchos colombianos, creen que no, pues estiman que el controvertido “Marco Jurídico para la Paz”, promovido por el Gobierno y aprobado por sus mayorías en el Congreso, es un pasaporte a la impunidad de graves crímenes y una puerta abierta para que los ordenadores y perpetradores de los mismos participen en política y puedan incluso ser elegidos. Estamos de acuerdo en que “los terroristas, por haber cometido crímenes, se auto excluyeron del derecho a ser elegidos, aún si se desmovilizaren voluntariamente”. Entre otras cosas porque sería absurdo semejante privilegio, cuando esa es justamente una de las inhabilidades constitucionales para ejercer cargos públicos. Si eso fue lo que quedó consignado en la norma, nos ratificamos en que, en la práctica, eso sería un “despeje judicial” tanto o más funesto que el malhadado despeje de los 42.000 km2 en el Caguán.


Pero la tesis de fondo que aquí hemos expuesto es que Colombia no está en guerra con ningún grupo guerrillero, sino enfrentada a bandas criminales que se disputan los cuantiosos réditos del negocio de la droga y, por lo tanto, no hay por qué pensar en tratados de paz. Para los autores del manifiesto “con los terroristas no puede haber diálogo político (con miras a un acuerdo de paz, agregamos nosotros), sino acuerdos de desmovilización, con la consiguiente entrega de armas, confesión de crímenes, delación de cómplices, negociación de penas y reparación de víctimas”. Tienen toda la razón.