Columnistas

Patente de Corzo
Autor: Iván Guzmán López
3 de Julio de 2012


Algunos amigos, ponderando el contenido y la argumentación del artículo anterior de mi columna, opinaron que debió haberse titulado “Patente de Corzo” (con Z, en alusión al flamante e “inmaculado” presidente del Senado, Juan Manuel Corzo).

Algunos amigos, ponderando el contenido y la argumentación del artículo anterior de mi columna, opinaron que debió haberse titulado “Patente de Corzo” (con Z, en alusión al flamante e “inmaculado” presidente del Senado, Juan Manuel Corzo). Hoy quiero darles gusto, cómo no. Para ser coherente con los citados amigos, digamos que ¡ha muerto la reforma a la justicia! Murió como consecuencia de la indignación nacional, la movilización de la prensa y  la protesta masiva de la sociedad civil. El gobierno, sabedor de las consecuencias, hizo eco de esa indignación nacional y promovió su hundimiento. No quedaba otra salida, pues en ella había que objetar, necesariamente, temas como la pérdida de investidura, las inhabilidades de los congresistas, la silla vacía, el fuero para los secretarios de Senado y Cámara, las prebendas vulgares para las Cortes y otros desafueros,  ‘orangutanes’ estos inconvenientes, inconstitucionales y además violatorios del principio de consecutividad. Parece que la citada consecutividad (los 8 debates reglamentarios) que no tuvieron los micos en el Congreso, la pasaron en el ambiente cálido y familiar de un dulce hogar, en el sentido que, según El Tiempo en su edición dominical, “los conciliadores del Senado se reunieron previamente el lunes festivo en la casa del conservador Eduardo Enríquez Maya, para acordar una ‘postura’ sobre la conciliación”.


El jueves 28 de junio, con 117 votos, se hundió la reforma. Los congresistas, tan valientes para  inventar micos dolosos, no obstante la responsabilidad asumida por el Presidente, atendieron, muertos de miedo, la citación a extras para acabar con el engendro que los doce escogidos por Juan Manuel Corzo y Simón Gaviria (con criterios que piden a gritos una “exhaustiva” investigación), parieron en una encerrona más que sospechosa, si recordamos que el senador del partido Liberal Luis Fernando Duque, antioqueño, para más señas, fue el ungido para notificarle al entonces Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra que se había decidido trabajar sin su presencia.


Pero no basta con el entierro; los costos políticos, para el país, para la democracia, para el nombre de Colombia, son demasiados. Según el senador Luis Carlos Avellaneda, hablando de pesos, argumentó: “la aprobación de la Reforma a la Justicia le costó al país aproximadamente 3.200 millones de pesos colombianos por concepto de salarios a los parlamentarios y al personal administrativo y logístico, esta cifra no incluye los gastos de los foros realizados en diferentes regiones del país”.


Qué bueno sería que los congresistas, en aras del respeto por sus electores, por Colombia, por sus instituciones, y por ellos mismos, asumieran sus responsabilidades. La investidura de senador, representante, ministro, funcionario público, la que se quiera, no puede ser patente de corso para semejante atentado y tamaña muestra de capacidad para timar los intereses de todo un país, en beneficio propio o de terceros.


Los que no leyeron lo que votaban, y en especial “los doce elegidos”, deben afrontar cargos por concierto para delinquir agravado pues, como ya se dijo, los micos fueron paridos en una respetable casa de familia y no en el Congreso, como es la norma; por falsedad en documento público, ya que, como ya se dijo, violaron el principio de la consecutividad e incluyeron en el informe de conciliación aspectos de la reforma que ya habían sido derrotados en los debates previos de la iniciativa, a más de prevaricato por acción. Lo mínimo que deberían recibir “los doce del patíbulo”, sería la pérdida de investidura.


Puntada final: el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, uno de los conciliadores, declaró, en tono parecido a sus compinches, que se siente lesionado por el trato que se le ha dado y que su actuación como conciliador ha sido clara y no se actuó en beneficio propio, como se ha divulgado ante la opinión pública de manera errada. “Se ha calumniado -agregó- a quienes hemos hecho una labor clara, para entregar a los colombianos un sistema judicial moderno...”. Como decía mi santa abuelita: tras de cotudos, ¡abotonados!