Editorial

¿“Requiescat in pace”?
26 de Junio de 2012


En Derecho, las normas se deshacen como se hacen. No tiene sentido el empeño de promover un referendo revocatorio, que además de costoso y demorado es de dudosa juridicidad.

Advertimos el sábado pasado en estas columnas que la actuación de la malhadada comisión de conciliación del Congreso – “los doce del patíbulo”, pues ya han sido demandados por varios delitos – había sido tan desproporcionada y absurda que la reforma a la justicia parecía condenada a un entierro definitivo. Y hacia allá van las cosas, según se desprende de los últimos desarrollos del escándalo.


El gobierno convocó a sesiones extras del Congreso para mañana y el jueves, y ayer radicó en la secretaría del Senado un documento de 70 páginas en las que desarrolla las objeciones que anticipó el presidente Santos en su alocución de la noche del jueves. Allí se afirma que “las serias deficiencias jurídicas y de conveniencia atentan gravemente contra el orden constitucional y la seguridad jurídica de los colombianos”. En consecuencia, para el ejecutivo no es suficiente con que el legislativo atienda sus objeciones y trate de corregir el estropicio de la conciliación, sino que pide redondamente el hundimiento de la reforma constitucional en su integridad.


Éste es el párrafo clave del informe de objeciones, que nos permitimos reproducir de la página web eltiempo.com, diario capitalino que otra vez tuvo el injustificado privilegio de acceder a documentos de la Presidencia primero que todo el mundo: “El Gobierno nacional espera que las deficiencias detectadas en este escrito conduzcan a que el Honorable Congreso de la República adopte las medidas necesarias para evitar que las disposiciones señaladas entren en vigencia. No obstante, dada la gravedad de estas irregularidades y las previsibles consecuencias que su implementación podría generar en la estabilidad institucional del país, en la efectiva prestación del servicio de administración de justicia y en el desarrollo transparente de la actividad parlamentaria, el Gobierno Nacional se permite objetar la totalidad del articulado aprobado por el Congreso”.


Al tiempo con la preparación de su alegato, el gobierno ha estado muy diligente en asegurar que la Unidad Nacional funcione tan eficazmente en la tarea de deshacer el entuerto como lo hizo en el trámite de todas sus iniciativas, incluida la que está en entredicho. Como liberales, nos parece de buen recibo que la Dirección Liberal haya sido la primera en hablar de enterrar la reforma y que su titular y presidente de la Cámara, Simón Gaviria, haya tenido la gallardía de reconocer su negligencia al votar un texto que no conocía en su integridad. Además de la posición de la bancada liberal en el Congreso, la del Partido Verde también confirmó su voto en ese sentido y lo propio haría la de Cambio Radical, según se desprende de lo declarado por su codirector, el representante Germán Varón Cotrino.


En cuanto al Partido de la U, esperan el regreso al país de su presidente, el senador Juan Lozano, para tomar una posición de bancada, pero sería insólito que esta vez no acompañaran a su fundador en su propósito de aplicar la extremaunción a lo que queda del parto de los montes. Y el Partido Conservador, tan disciplinado siempre, se reúne hoy y muy seguramente estará de acuerdo, sobre todo después del severo pronunciamiento que formuló ayer la Iglesia Católica, con su indiscutible autoridad moral.


Esto dijo la Oficina para las Relaciones con el Estado de la Conferencia Episcopal: “(La reforma a la Justicia) contiene medidas que debilitan seriamente los controles penales, disciplinarios y de pérdida de investidura de los congresistas. No fue fruto del consenso que debía existir entre los poderes públicos. Contiene disposiciones que afectan el principio de separación de poderes, así como la autonomía e independencia de la Rama Judicial…”. Y extiende su reverendo regaño a todos nosotros: “La gravedad de cuanto ha sucedido debe impulsar a nuestros líderes a actuar con más rigor político y respeto de la Constitución. Igualmente, debe servir a la ciudadanía para tomar conciencia de la urgente necesidad de asumir un papel más participativo y protagónico en las decisiones del Estado”.


En derecho, las normas se deshacen como se hacen. No tiene sentido el empeño oportunista de la oposición y de algunas Ong de promover un referendo revocatorio, que además de costoso es de dudosa juridicidad, según expertos.