Columnistas


El 6º debate del marco para la paz
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
3 de Junio de 2012


En el sexto debate se reafirma en la vocería política para miembros de las Farc “que no hayan cometido delitos de lesa humanidad”, pero el Congreso y la Fiscalía podrían determinar qué individuos podrían no ser juzgados.

Al momento de escribir este artículo está en desarrollo una noticia según la cual las Farc ven “con visto bueno” el marco jurídico para la paz. No obstante es muy pronto para pronunciarse sobre este comunicado.


Lo que sí es evidente es que en el país, a pesar de la polémica y de la oposición de un gran número de colombianos, el famoso marco será aprobado porque el gobierno tiene una aplanadora en el Congreso y es la carta máxima de la reelección.


Ya Roy Barreras habló con José Miguel Vivanco, para apaciguar la posible reacción internacional sobre una ley que aprueba grados importantes de impunidad; ya el señor Fiscal General de la Nación urgió su aprobación para que, entre otras cosas, se contribuya a descongestionar el sistema judicial; y Langlois ya tiene cartas en Francia.


En el sexto debate se reafirma en la vocería política para miembros de las Farc “que no hayan cometido delitos de lesa humanidad”, pero el Congreso y la Fiscalía podrían determinar qué individuos podrían no ser juzgados, aunque hayan cometido esos delitos. En cambio, el “marco” incluye la posibilidad de aplicarse a miembros de las Fuerzas Armadas, así: “se daría la excarcelación en los casos de los delitos que se hayan dado en el marco del conflicto armado, y podrían acceder luego de estar condenados y disponerse a colaborar con la información relevante para reparar, de alguna manera, sus delitos” (El País, 30 – 05 2012).


El gran jurista Jesús Vallejo (“¿Marco jurídico para la paz o para la impunidad?” Pianoforte, 30/05/2012),  muestra esta diferenciación oprobiosa. Veamos: en el proyecto aprobado se afirma que “La ley podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”. Se interroga, entonces, Vallejo si  “¿Querrá decirse entonces que las soluciones de justicia transicional podrían ser unas para los guerrilleros y otras para los agentes de la autoridad? ¿Y en qué podrían consistir esas diferencias de tratamiento? ¿Seguirán la tónica que ya se ha impuesto en la esfera judicial, que es implacable con la fuerza pública, pero condescendiente con los narcoterroristas y sus aliados?”


Pero, con seguridad habrá demandas sobre la constitucionalidad del “marco”, porque además de institucionalizar la impunidad, entrega a organismos extrajudiciales, es decir al congreso y al gobierno, poderes tan grandes que, como dice Vallejo, podrían actuar como “dictadores”.  Y “Como de entrada se otorga a la Fiscalía el cometido de determinar los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal, surge la duda de si la ley podría imponerle sus propios criterios a aquélla.


Siendo así, el poder del Fiscal sería enorme. Aquí aparece lo más discutible, pues la priorización y la selección conllevan cesación de acciones penales, suspensión de penas o subrogados de las mismas a través de los instrumentos extrajudiciales” (Vallejo, ibídem).


La Corte Constitucional tendrá la última palabra, pero es necesario recordar que los tratados internacionales firmados por Colombia forman parte de su legislación, entre ellos, los Convenios de Ginebra y el Estatuto de la Corte Penal internacional.


Desde una perspectiva diferente ya HRW amenazó con la posibilidad de que si se cuelan artículos que impliquen impunidad a crímenes de lesa humanidad, la CPI podría intervenir.


Y en cuanto a la posible Ley Estatutaria, que fijaría los alcances del “acuerdo”, pienso que abrirá todas las posibilidades de impunidad porque, como ya se dijo, el gobierno de Santos tiene una aplanadora en el Congreso. Y además, porque en el plano internacional, “cuenta” con la colaboración del “nuevo mejor amigo” que ya informó que no hay guerrilleros en la frontera, y con la simpatía del Alba. Eso “legitimaría” la negociación.


Una consideración final sobre el clima de crispación que vive el país: como ciudadano respetuoso del Estado de Derecho, argumento dentro de las posibilidades que ese Estado me da y rechazo absolutamente toda acción  política que implique cualquier forma de deteriorarlo o substituirlo. Defiendo mis puntos de vista porque me parecen razonables, y en esto puedo coincidir con otros colombianos igualmente preocupados por lo que ocurre en el país, como el ex presidente Uribe, pero no soy “mosquetero” de nadie.