Foto: Andrés Ángel Gómez
De acuerdo a la Lonja, algunos casos de plusvalía que se han conocido en el departamento se dieron en Bello y en Marinilla. |
Un llamado a que se estudie la aplicación de herramientas como la valorización y la plusvalía a las obras de infraestructura pública fue el que hicieron la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y la Procuraduría General de la Nación a los mandatarios de varias localidades fuera del Valle de Aburrá.
La sugerencia fue hecha durante el “primer foro de Valorización y Plusvalía: Una oportunidad para financiar el desarrollo de los municipios del Oriente antioqueño”, en el cual la Lonja presentó la “preocupación que hemos tenido, de que los municipios aprovechen todas las figuras para fortalecerse fiscalmente y de esta manera puedan engrosar los presupuestos de inversión que tienen” según indicó Federico Estrada, gerente de la entidad.
En ese sentido, Estrada dijo que dichas herramientas pueden mejorar las finanzas de los municipios, por los intereses adicionales que genera, distintos a los corrientes de que hoy disponen, como las transferencias o el mismo impuesto predial. Así mismo, aseguró que falta aplicar estos instrumentos por desconocimiento y voluntad política.
Frente a una herramienta como la valorización, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, aseguró que es una opción que se viene planteando en todo el país, sobre todo en vías que son muy costosas, las cuales se podrían cofinanciar además con regalías.
Según la Lonja de Propiedad Raíz, la diferencia entre valorización y plusvalía es que la primera pretende que los propietarios de los inmuebles que son beneficiados por la construcción de una obra pública y que por consecuencia de la misma se valorizan, participen con ese pago en la financiación de las obras, entonces nunca se paga más ni de lo que se haya valorizado el inmueble, ni del costo de la obra. Por su parte, la plusvalía, que es un instrumento que apenas se está aplicando pese a que se aprobó en el año 97, se basa en decisiones del Estado, ya sea por cambio de normatividad urbanística o por construcción de una obra que incrementa el valor de los inmuebles. En estos casos hay dos momentos de pago, bien sea cuando se saca una licencia de construcción o cuando se vende el inmueble.