Editorial

Fuero y moral combatiente
28 de Mayo de 2012


Estaremos atentos al desarrollo de los próximos debates y al cumplimiento de ese compromiso que el Congreso y el país tienen hace tiempo con sus soldados y policías.

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Consciente de la necesidad de devolverle la confianza y la seguridad jurídica a la Fuerza Pública, el Congreso de la República ha venido dando trámite al proyecto de Acto Legislativo que aclara los alcances del Artículo 221 de la Constitución en relación con el fuero militar y fortalece la Justicia Penal Militar, mejorando el sistema de defensa de quienes a diario exponen su vida en la guarda del orden y de las libertades democráticas de los colombianos. Con apenas un voto negativo del senador del Polo, Parmenio Cuéllar, el proyecto superó el martes pasado su tercer debate en Comisión Primera del Senado y todo hace pensar que será aprobado en la plenaria de la corporación y pasará a segunda vuelta en la próxima legislatura.


De tiempo atrás se viene hablando de una “guerra jurídica” contra el estamento militar, lo cual no es un invento de la oposición sino un hecho demostrado en muchos casos en que la justicia ordinaria ha proferido fallos condenatorios de dudoso rigor jurídico, violatorios del debido proceso y excesivos en el castigo. El propio procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo recientemente ante más de un millar de miembros de la reserva activa de las FF.MM., que “ha hecho irrupción en nuestra jurisprudencia lo que se denomina el derecho penal del enemigo y con este, no importan los hechos sino el investigado y entonces no se le aplica el derecho ordinario porque se considera que es un enemigo de la sociedad que hay que judicializar, condenar y estigmatizar”.


Nosotros hemos defendido aquí la importancia y la urgencia de esa reforma porque, sin duda, el debilitamiento que ha sufrido el fuero y, en general, la Justicia Penal Militar en las últimas décadas, no se compadece con el sacrificio y el inmenso desafío que enfrentan los soldados y policías de la patria en la lucha contra las organizaciones terroristas y narcotraficantes. Por ese motivo, otra vez se vuelve a hablar de una supuesta baja moral de las tropas, a raíz del temor justificado a verse empapelados por la Fiscalía y la justicia ordinaria por hechos relacionados con el servicio.


A esa falsa percepción de “desmoralización” contribuye también el sensacionalismo irresponsable con que los medios, especialmente los audiovisuales, presentan los reveses del Ejército, normales en una guerra, como el ataque a una patrulla en La Guajira, en la frontera con Venezuela, en que murieron doce militares. En buena hora, el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, ha puesto las cosas en su punto. “Hay inquietudes y preocupaciones con las reglas que rigen el combate en Colombia... Pero pasar a decir que estamos desmoralizados es injusto”. ¿Y cuáles son esas inquietudes? Para él, el fuero militar “estaba reducido y se fue acortando hasta hacerlo casi inexistente, quedó en el papel pero no en la práctica” y, en consecuencia, en este momento no hay reglas claras. Y es cierto. Lo que ha venido ocurriendo es que, por vía de interpretación jurisprudencial, múltiples casos de miembros de las FF.AA. que, en el marco de operativos y cumpliendo órdenes superiores, incurrieron en un presunto delito, fueron quedando, ipso facto, en manos de fiscales y jueces ordinarios, haciendo nugatorio su derecho a ser juzgados por la jurisdicción militar, como lo ordena la Constitución.


Según lo aprobado en tercer debate, la justicia penal militar solo conocerá las infracciones cometidas al Derecho Internacional Humanitario. En palabras del ponente en el Senado, Juan Manuel Galán, el fuero militar solo aplica para aquellos delitos cometidos por el personal de la Fuerza Pública que tengan relación con el servicio, la función y en el estricto cumplimiento de sus fines. Y prueba de que no se pretende expedir una “patente de impunidad”, como alegan los extremistas defensores a ultranza de los derechos humanos, queda claro en la norma que la justicia ordinaria conocerá de las conductas de los militares que constituyan crímenes de lesa humanidad, delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, y reclutamiento o uso de menores.


Estaremos atentos al desarrollo de los próximos debates y al cumplimiento de ese compromiso que el Congreso y el país tienen hace tiempo con sus soldados y policías.




Comentarios
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rodrigo
2012/05/28 07:35:45 am
la ley està hecha de manera abstracta para que rija a todos los habitantes del territorio sean estos nacionales, extranjeros, transeuntes o militares. No se necesita ninguan reforma porque està muy claro que cuando las fuerzas armadas o uno de sus miembros actuan en el estricto cumplimiento de un deber o acatando una orden legitima y justa no tien porque ser investigados por la justicia ordinaria. Otra cosa es que: con la miriada de falsos positivos del anterior gobierno quieran exonerar a oficiales y altos mandos que fueron los verdaderos determinadores de tantas acciones ilegales. es totalmente ìrrita la reforma.