Nacional

Ley de tierras mejora derechos de víctimas de conflicto
23 de Mayo de 2012


También informa del aumento respecto a 2010 de personas obligadas a desplazarse: 308.000 en 2011 frente a las 280.000 del año anterior.


EFE


La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras supone un avance en el reconocimiento de derechos de las víctimas en el conflicto, pero a pesar del compromiso del gobierno aún falta mucho por mejorar la situación de la población civil, según el informe anual de Amnistía Internacional.


En su informe sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo, presentado hoy en Londres, AI insiste en las consecuencias del "largo conflicto armado interno" para la población civil del país, sobre todo "de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los dirigentes comunitarios y los sindicalistas".


La ley de tierras, que entró en vigor en enero de 2012, es un "paso importante para el reconocimiento de los derechos de muchas víctimas del conflicto y para la devolución de parte de los millones de hectáreas de tierras robadas", aunque se hayan sucedido amenazas y homicidios contra quienes han luchado "por la restitución" de las mismas, dice AI.


Denuncia al mismo tiempo "la impunidad" que existe por los crímenes relacionados con los "delitos sexuales contra mujeres y niñas", que, en opinión de la ONG, es "significativamente superior que por otros tipos de abusos".


En cuanto al conflicto armado interno, Amnistía apunta que la población indígena es la más afectada por los ataques de grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas de seguridad, que cometieron "delitos de derecho internacional" como "homicidios ilegítimos, secuestros o desapariciones forzadas".


El informe refleja los ataques perpetrados en 2011 por las guerrillas de las Farc y del ELN, de los que destaca el asesinato, por parte de la primera, de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad que mantenían cautivos desde más de 12 años.


Al tiempo, AI también denuncia los casos conocidos como "falsos positivos", en los que civiles muertos son presentados como rebeldes caídos en combate, con "17 ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2010 por miembros de las fuerzas de seguridad".


La ONG resalta el desmantelamiento del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que había estado "envuelto en un escándalo de 'juego sucio' ilegal", especialmente durante el Gobierno de Álvaro Uribe y su sustitución por la Dirección Nacional de Inteligencia.