Columnistas

Mercaderes de la salud
Autor: Mario Arango Marín
19 de Mayo de 2012


En una audiencia de control sobre la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional le pidió al Estado “reflexionar seriamente” sobre la permanencia de entidades privadas intermediarias en el sistema de salubridad

En una audiencia de control sobre la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional le pidió al Estado “reflexionar seriamente” sobre la permanencia de entidades privadas intermediarias en el sistema de salubridad, y conminó al Gobierno al sometimiento de los que llamó «mercaderes de la salud». El tribunal, que ya había exigido corregir el «estado de cosas inconstitucional», consideró que «la malversación de los recursos, el desgreño administrativo y la falta de control» son males que amenazan este derecho fundamental de los colombianos. «Causa inmensa preocupación que los diferentes órganos estatales no comprendan aún los compromisos de un Estado Social de Derecho”. A la cita comparecieron los ministros Juan Carlos Echeverry y Beatriz Londoño para explicar qué han hecho para evitar el despilfarro del millonario presupuesto.


Lo tantas veces negado por la administración Uribe, es ahora aceptado por el Ministro de Hacienda al afirmar que “buena parte de la crisis se debe al saqueo de los corruptos”. La contralora Sandra Morelli, a tiempo que pidió mirar modelos como el de Canadá, “que parten de la base de que la salud no es un negocio», denunció el cartel de la «fármaco-economía», un monopolio en la distribución de drogas que fija precios a su acomodo y desangra el sistema. La Corte señaló, a su vez, que las medidas tomadas hasta ahora por los órganos legislativo y ejecutivo, sólo han constituido “incipientes esfuerzos” que no tienen mayor impacto. Es poco lo que se ha emprendido en temas como diseño y organización, problema de la corrupción, abuso e ineficiencia administrativa.


De acuerdo con Néstor Álvarez, vocero nacional de las Organizaciones de Usuarios del Sistema de Salud, “el Gobierno ha sido cómplice y promotor de este desfalco”, el cual “facilitó con normas y resoluciones”. Además, “abrió un boquete para que la industria farmacéutica nacional e internacional impusiera sus reglas”. Lo anterior converge en que la solución integral pasa por extinguir la intermediación, pero dejando un afiliador único, que administre las autorizaciones y audite los pagos con base en la calidad y la pertinencia de los servicios. Que los recursos, cuya naturaleza es claramente pública, sean dirigidos y utilizados íntegramente a la prestación efectiva del derecho básico, y no, como ya ocurrió impúdicamente, para financiar campañas presidenciales.