Editorial

De Unasur y la Cidh
6 de Mayo de 2012


Se trata de bien intencionados propósitos de unión sudamericana contra el delito, que ojalá trasciendan la retórica de las 'cumbres' y se conviertan en estrategias y programas concretos.

A propósito de la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia, Interior y Seguridad de los doce países de la Unión de Naciones de Sudamérica, que sesionó jueves y viernes en Cartagena, hay dos aspectos que vale la pena comentar. Uno es el reconocimiento algo tardío de que el crimen organizado no respeta fronteras y, por lo tanto, hay que unir esfuerzos para combatirlo; y el otro, el intento venezolano de hacer de la reunión un escenario de su agrio enfrentamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, hasta el punto de proponer a los miembros de Unasur el retiro de ese organismo de la OEA y el desacato a los fallos de su temida Corte.


En la llamada “Declaración de Cartagena”, los ministros se comprometen a “fortalecer las acciones para la cooperación contra la Delincuencia Organizada Transnacional en todas sus manifestaciones, así como los retos en Seguridad Ciudadana”, y consideran que un mecanismo idóneo para coordinar esa cooperación sería un Consejo de Seguridad, cuya creación propondrán a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. La iniciativa ya cuenta con el voto del presidente Juan Manuel Santos, quien al clausurar la reunión se mostró “seguro” de que tendrá acogida entre sus homólogos porque se trata de “darle dientes a Unasur para que Sudamérica pueda ser mucho más efectiva como región contra un enemigo que se transforma, es audaz e imaginativo”.


Se trata de bien intencionados propósitos de unión contra el delito, que ojalá trasciendan la retórica de las ‘cumbres’ y se conviertan en estrategias y programas concretos. Hay que nombrar con precisión lo que se entiende por “delincuencia organizada transnacional” para que esto no sea una mera entelequia de comunicado. Y así como en Centro y Norteamérica es clara y comprometida la alianza, especialmente entre EE.UU. y México, para combatir a los carteles transnacionales de la droga, y tienen puesta su atención en los de Tijuana, Colima, Juárez, Sinaloa y el del Golfo, en Sudamérica no podría soslayarse el estrecho maridaje -ampliamente documentado- entre las Farc y las bandas criminales del narcotráfico, y menos olvidar que los problemas que Colombia ha tenido que encarar con sus vecinos provienen esencialmente de que, por años, algunos gobiernos optaron por taparse los ojos o incluso tolerar irresponsablemente que organizaciones ilegales usaran su territorio como refugio o asiento de su negocio de drogas y armas.


Con sutileza, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, puso una pica en Flandes: “Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley”. Y nos llama la atención que algunos gobiernos, que nos condenaron por el ataque al campamento de ‘Raúl Reyes’ en Ecuador, y pretendieron arrinconar a Colombia en foros como el Grupo de Río y la OEA por aquella supuesta violación de soberanía, ahora que son víctimas del “contagio” -tráfico de drogas, inmigración ilegal, contrabando de armas y municiones, secuestro, extorsión y lavado de activos- estén reclamando, como lo hizo la delegación argentina, “acciones urgentes y mancomunadas” contra la criminalidad organizada.


Con respecto al pleito venezolano, el canciller Nicolás Maduro se echó un destemplado discurso en Cartagena contra la Cidh, a la que calificó de “red mafiosa y decadente controlada desde Washington” y llamó a construir “una instancia propia para velar por los derechos humanos” en Sudamérica. La andanada fue tan intempestiva y salida de tono que ni los socios del Alba lo secundaron.


Chávez ha tenido entre sus obsesiones la de acabar con la OEA y hoy más que nunca se siente obligado a atacarla para contento de los hermanos Castro. En el caso específico de la Cidh, no perdona que esta, en su último informe, recomiende a su Gobierno “mejorar urgentemente” en derechos humanos y afirme, con toda razón, que en su país el Poder Judicial no es independiente del Ejecutivo ni imparcial en la aplicación del Derecho Penal.