Nacional

Inspector General would not investigate members of Congress
Procurador no investigaría a congresistas
18 de Abril de 2012


En desarrollo de la aprobación del articulado de la Reforma a la Justicia, hay acuerdo entre congresistas y la Procuraduría para que los legisladores no sean investigados disciplinariamente.


El procurador General Alejandro Ordóñez busca ser reelegido en su cargo por el Senado.

Juan David Morales G.


No son los congresistas de nuestra nación quienes buscan quitarle la facultad a la Procuraduría General para que los investigue disciplinariamente. Es el mismo jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien planteó esta propuesta una vez fue elegido por parte del Senado de la República.


Así lo manifestó claramente el senador del Partido de la U y miembro de la comisión primera del Senado, Juan Carlos Vélez Uribe,  al decir que “desde un principio el procurador General dijo que era muy difícil para él tener la facultad para disciplinar a quienes lo habían elegido. Entonces él recomendó que se buscara un mecanismo de disciplinamiento diferente al que existía en la Constitución por parte de la Procuraduría para con los parlamentarios”.


Es de allí entonces, de esta recomendación del procurador General Alejandro Ordóñez, que nace la propuesta de algunos senadores de buscar una forma de disciplinar diferente para los parlamentarios y para lo cual se establecerá una ley que definirá quién será el responsable de investigar disciplinariamente a los congresistas.


“El procurador está de acuerdo con la presentación de este artículo en la nueva reforma a la ley. De hecho yo le fui a pedir que mandara un pronunciamiento público frente a ese tema y la idea es que él se pronuncie o bien asista a la comisión a defender esa propuesta o bien mande un documento por escrito. El gran promotor de esa iniciativa es el procurador”, afirmó el senador Vélez.


Es claro el apoyo de una gran parte de los congresistas para que este artículo se vea incluido en la nueva reforma a la ley. Así lo manifiesta también el senador liberal y presidente de la comisión primera del Senado, Luis Fernando Velasco, quien aseguró que “el procurador General, quien es nombrado por el Congreso, no debe investigar a quienes lo elegimos. Nosotros preferimos que un órgano independiente, como una sala de investigación al interior de la Corte Suprema, se encargue de las investigaciones disciplinarias y penales de todos los aforados.


Los casos detonantes


Mucho se especula sobre el interés de una gran mayoría de congresistas para que este artículo, que ya fue aprobado en su quinto debate en segunda vuelta, se convierta en una ley.


Quizás dos de los mayores detonantes por lo cual los legislativos decidieron incluir este capítulo en la nueva Reforma a la Justicia, sean los polémicos y trascendentales casos que tienen que ver con las medidas disciplinarias que el procurador General Alejandro Ordóñez tomó en contra de dos congresistas.


El primero es el proceso que terminó con la destitución de su cargo de la exsenadora Piedad Córdoba, quien además fue invalidada por 18 años para ejercer cargos públicos por decisión tajante del jefe del Ministerio Público.


Tras analizar la información hallada en los computadores de alias “Raúl Reyes”, el procurador decidió sancionar disciplinariamente e inhabilitar a Córdoba por haber promocionado y colaborado con la guerrilla de las Farc.


Según el Ministerio Público, los hallazgos en los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix lograron establecer que la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario.


El segundo caso, pero no por eso menos polémico, fue la destitución e inhabilitación que Alejandro Ordóñez determinó contra la exgobenadora Amparo Arbeláez Escalante.


Una sanción disciplinaria de 12 años recayó en contra de Arbeláez por cuenta de un contrato que firmó en el 2007, cuando desempeñaba sus funciones como gobernadora del departamento del Quindío.


Según un comunicado de la Procuraduría, la exfuncionaria “suscribió de manera irregular un contrato de investigación y adaptación tecnológica de un sistema de transporte por cable en el municipio de Buenavista, en el cerro de las Tres Cruces”, lo que  a su vez condujo a la destitución por 13 años del entonces secretario de Infraestructura de Quindío, Ernesto Gil, y la misma determinación disciplinaria con una sanción de 14 años para Liliana García, quien se desempeñaba como directora del departamento jurídico y de contratación de la Gobernación.


Son entonces acciones como estas las que han llevado a la mesa de discusión del Congreso de la República la necesidad de implementar una ley que le quite la facultad a la Procuraduría de investigar a los aforados disciplinariamente y, que por el contrario, se cree un organismo encargado de realizar esta función.


La otra cara


Pero no son todos los congresistas los que están de acuerdo con que la Procuraduría General pierda el derecho de investigarlos disciplinariamente. El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, es uno de los aforados que piensa que es esta entidad es la que debe continuar desarrollando los procesos disciplinarios en contra de los parlamentarios.


“A mí me gusta más la propuesta de que la Procuraduría no desaparezca del tema disciplinario. Yo prefiero que la investigación, en cuanto a la disciplina, la siga manejando el procurador General y si encuentran méritos para seguir el proceso, que se le traslade al Consejo de Estado”, apuntó el presidente del Senado.


Corzo hace énfasis en el tema de las sentencias y los fallos, y dice que ahí la Procuraduría afirmativamente no puede entrar a tomar partido, porque lo que hace esta entidad es emitir actos administrativos y no sentencias judiciales, como bien le corresponde al Consejo de Estado.


“Yo incluiría una proposición modificatoria. Me parece que lo que se puede hacer es una investigación para que el tema disciplinario en los parlamentarios lo inicie la Procuraduría, pero quien dicte y determine la sentencia deba ser el Consejo de Estado. Eso traería mejores resultados”, concluyó el senador Corzo.



Artículo 277


El Artículo 277 del acto legislativo establece que el jefe del Ministerio Público podrá "ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular excepto los congresistas, de los miembros de la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura cuando la Constitución y la ley no asignen dicha competencia a otra autoridad; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley".





Los 18 sancionados


La lista de congresistas sancionados por el procurador General Alejandro Ordóñez es la siguiente: Amparo Arbeláez, Germán Olano Becerra, Iván Moreno, Piedad Córdoba, Alirio Villamizar, Dieb Maloof Cuse, Luis Alberto Gil, Álvaro García, Luis Eduardo Vives Lacouture, Jorge Luis Caballero, Salomón de Jesús Saade, José Rosario Gamarra, Alfonso Campo, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Miguel Alfonso de la Espriella, Manuel Julián Mazenet y Jensy Acosta.