Editorial

En defensa del consumidor
13 de Abril de 2012


Aun cuando se diga que “más vale tarde que nunca”, es increíble que nos demoráramos 21 años para atender el mandato contenido en el Artículo 78 de la Constitución.

Por fin, después de 30 años de vigencia de un obsoleto y poco acatado Estatuto de Protección del Consumidor, comenzó a regir ayer el que lo sustituye, aprobado el pasado 12 de octubre por el Congreso mediante la Ley 1480. Aun cuando se diga que “más vale tarde que nunca”, es increíble que nos demoráramos 21 años para atender el mandato contenido en el Artículo 78 de la Constitución, que ordena al Legislador regular un tema tan sensible y fundamental como es el de la calidad de los productos y servicios ofrecidos y prestados a la ciudadanía.


A lo largo de sus 84 artículos, el nuevo estatuto establece un régimen de calidad, idoneidad y seguridad de los productos que se ofrecen en el mercado; regula el tema de las garantías de los bienes y servicios, de modo que todo artículo nuevo, sin excepción, tendrá garantía, y si no está expreso el término de la misma, se entenderá que es de un año. La Ley protege al consumidor de la publicidad engañosa – “aquella cuyo mensaje no corresponde a la realidad de lo que se ofrece” – y hace más drásticas las sanciones a quienes la practiquen; del mismo modo, prohíbe las cláusulas abusivas en los contratos que firman los consumidores con los proveedores de servicios, las cuales suelen aparecer en la llamada “letra menuda”, aquella que casi nadie lee y que, a la postre, es fuente de disgustos y querellas.


A propósito de publicidad engañosa – que pulula en Colombia con formas cada vez más sofisticadas de cazar incautos compradores de toda clase de falsas panaceas – el caso más reciente es el del producto “Revertrex”, promocionado con gran éxito de ventas a través de la imagen de la popular actriz Amparo Grisales, quien aparece en los mensajes publicitarios dando “testimonio” de que encontró allí el “secreto de la eterna juventud” y que el consumo del mismo “es una de mis fórmulas para ser joven y no sólo parecerlo”. En buena hora, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sancionó a fabricante y expendedor “por hacer afirmaciones engañosas y carentes de sustento científico” y ordenó el retiro de sus falaces mensajes a través de cualquier medio de comunicación.


Con el nuevo régimen de protección al consumidor, los responsables de su violación, además de estar obligados a solucionar el problema específico del quejoso consumidor, podrán enfrentar sanciones hasta por dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Prueba de la urgencia de ponerse al día en la materia, es el cúmulo de quejas y denuncias que recibe anualmente la SIC. En el 2010 debió tramitar 39.000 solicitudes, el año pasado la cifra se elevó a 50.000 y en el primer bimestre de este año ya sumaba 13.919 quejas de consumidores.


Otro acápite de la Ley es el de los créditos de consumo, suscritos tanto con entidades financieras como comerciales, cuyos plazos y cuotas deben ser pactados con el consumidor y, algo muy importante que venían reclamando las asociaciones y ligas de consumidores, es que, en cualquier momento de la vigencia del contrato, aquél podrá pagar su crédito por anticipado, en forma total o parcial, sin que puedan exigírsele por ello intereses no causados ni ser sujeto de sanciones económicas. Otro logro a favor del consumidor es la aplicación del llamado “derecho de retracto”, es decir, a arrepentirse de la compra de un producto o de la contratación de un servicio, dentro de los primeros cinco días hábiles, con derecho al reembolso de su dinero, sin descuentos o retenciones. Ahí puede haber una fuente de conflictos con los productores y proveedores si ello no se reglamenta convenientemente.


Uno de los colombianos que se muestra feliz con el nuevo Estatuto es el doctor Ariel Armel Arenas, presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores, a quien justo es reconocer como pionero y capitán de las luchas en este campo. La norma no sólo nos pone a la par con los más altos estándares normativos en un mundo globalizado y de libre comercio, sino que constituye – al decir del Gobierno - un paso necesario en la aspiración de pertenecer a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE.