Editorial

Aquí no hay presos políticos
10 de Abril de 2012


Por esta vez nos complace reconocer nuestra coincidencia plena con el señor Vivanco en el sentido de que esas personas están lejos de ostentar tal estatus.

Las opiniones del señor José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la Ong estadounidense Human Rights Watch, sobre asuntos sensibles y controversiales de nuestro país han sido frecuentes y en muchos casos inaceptables, por tratarse de intervenciones abiertas en asuntos internos de Colombia so pretexto de defensa de los derechos humanos.


Para solo citar dos ejemplos recientes de esto último, el 23 de enero de este año el señor Vivanco nos amenazó con que si prosperaba en el Congreso la ampliación del fuero militar, se pondría en riesgo las ayudas de los Estados Unidos; y el 10 de febrero pasado, en una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, arremete de nuevo contra el proyecto de Reforma a la Justicia, acusando sin fundamento a la institución de la justicia militar en Colombia como “carente de independencia, imparcialidad y credibilidad”. Bien conocidas son nuestras tesis en defensa del fortalecimiento del fuero militar y no es del caso reiterarlas en este comentario, pero no sobra decir que respaldamos la enhiesta defensa que el Gobierno hizo del proyecto de marras al responder los señalamientos del doctor Vivanco.


En su tercera intervención de este año, el director de HRW se refirió este lunes, a instancias de El Tiempo, al tema que hace un mes puso a rodar la exsenadora Piedad Córdoba y que los señores del secretariado de las Farc pretendieron sin éxito convertir en condicionamiento para la liberación unilateral de los diez militares y policías secuestrados.


Por suerte el Gobierno no cayó en la trampa de autorizar la “visita humanitaria” de las llamadas “Mujeres del Mundo por la Paz” a las cárceles colombianas, que no tenía más objeto que lavar el estigma de terroristas que pesa internacionalmente sobre las Farc y reivindicar la supuesta condición de “presos políticos” de quienes pertenecen a esa guerrilla y hoy están procesados o condenados por delitos de rebelión, terrorismo, narcotráfico, secuestro, homicidio, entre otros muchos delitos comunes.          


Por esta vez nos complace reconocer nuestra coincidencia plena con el señor Vivanco en el sentido de que esas personas están lejos de ostentar tal estatus. A la pregunta del diario: “Se ha debatido en los últimos días la existencia de presos políticos. ¿Se puede hablar de esa categoría en Colombia?”, responde en forma categórica: “Los miembros de las guerrillas, condenados por rebelión, en mi opinión, no califican como prisioneros políticos porque cometieron delitos comunes. El concepto de prisionero político debe aplicarse a una categoría extraordinariamente limitada de casos y los requisitos para calificar son muy exigentes. Se trata de personas que han sido condenadas por intentar ejercer sus derechos políticos y libertades fundamentales, y se les niega el debido proceso ante un juez independiente e imparcial”.


Distintos tratadistas de Derecho Internacional definen claramente lo que es un preso político o un preso de conciencia. En general, se llama “preso de conciencia” al que sufre la pérdida de su libertad a causa de sus ideas políticas o sus creencias religiosas, o simplemente por su origen étnico, nacional o social o por sus inclinaciones sexuales. El concepto de “preso político” se refiere específicamente a quienes son llevados a la cárcel por los motivos y en las circunstancias que muy bien describe el director de HRW. En América Latina y en otras partes del mundo, hay presos políticos, víctimas de regímenes autoritarios, que no admiten la disidencia ni la protesta social y el caso más emblemático en nuestra región es el de Cuba. Pero Colombia es un estado de derecho, donde a nadie se encarcela por defender sus ideas, creencias o condiciones de vida. Además, por peligrosos que sean los delincuentes, a todos se les garantiza un juicio justo y dentro de las cárceles, el derecho a tener contacto con su familia, asistencia jurídica y sanitaria y, en lo posible, condiciones para su rehabilitación y reintegro a la sociedad.


En conclusión, aquí no hay presos políticos y es una falacia de las Farc y sus adláteres afirmar que en Colombia hay más de 7.500.