Nacional

Denuncian plan criminal contra defensor de derechos humanos
14 de Marzo de 2012


El plan contra Torres fue informado pocos días después de que la oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciara una ola de amenazas contra el movimiento colombiano


 


EFE


Un grupo de políticos y paramilitares activos o en prisión reunió el equivalente a 113.586 dólares para pagar por el asesinato de José Humberto Torres, veterano defensor de derechos humanos en Colombia, denunciaron hoy en Bogotá fuentes humanitarias.


El movimiento colombiano de derechos humanos conoció el complot por informaciones de "fuentes creíbles", dijo la activista Norma Enríquez, que es una de las portavoces de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz de Colombia.


"La identidad de estas fuentes no la vamos a suministrar por ahora, para protegerlas y no comprometerlas", agregó Enríquez, quien indicó que se trata de personas que supieron de manera concreta del plan criminal.


Según los informes conocidos por las Plataformas de Derechos Humanos y Paz, el dinero fue reunido por políticos con nexos con paramilitares, ultraderechistas en prisión y Los Rastrojos, una de las bandas herederas de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.


"Han hecho una bolsa común para ofrecer 200 millones de pesos para quien asesine al reconocido defensor de derechos humanos José Humberto Torres", precisó el colectivo de activistas en un comunicado público.


Torres es un abogado de la ciudad de Barranquilla vinculado desde hace treinta años con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y que ha representado a víctimas del conflicto armado en procesos contra funcionarios o agentes del Estado y antiguos jefes paramilitares presos en el país y en Estados Unidos.


Hace poco, Torres solicitó a autoridades competentes que abrieran investigación a algunos congresistas por nexos con paramilitares y posible responsabilidad, como determinadores en algunos crímenes.


La activista Enríquez dijo que Torres cuenta apenas con un pequeño "esquema de seguridad" que se circunscribe a Barranquilla, "como si las fuerzas que lo amenazan estuvieran ubicadas en esa ciudad y no en todo el país".


El temor por la vida de Torres llevó al movimiento de defensa de los derechos humanos a contactarse con algunas embajadas para pedir apoyo en el caso de que él deba salir del país, agregó la portavoz.


Como Enríquez, Torres conforma el grupo de cinco portavoces políticos de la llamada Mesa Nacional de Garantías, en la que tienen asiento representantes del movimiento de derechos humanos que hacen de interlocutores ante el Gobierno en asuntos de seguridad y protección para el libre ejercicio de sus tareas.


El año pasado, en el país fueron asesinados 49 activistas de derechos humanos, según el mismo colectivo de Colombia, cuyas cuatro plataformas reúnen a 1.500 organizaciones no gubernamentales, ONG.