Editorial

Reabrir el caso Santo Domingo
10 de Marzo de 2012


En solidaridad con los oficiales de la FAC, tan injustamente condenados, y en defensa del honor de las Fuerzas Militares, nos parece que el caso debería reabrirse en pro de que brille la verdadera justicia.

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La muerte de 17 campesinos, entre ellos seis niños, en el caserío Santo Domingo, del municipio de Tame (Arauca), el 13 de diciembre de 1998, parecía un caso definitivamente resuelto, para la justicia y la historia de la violencia en Colombia, como uno de los más absurdos y lamentables errores militares.


Luego de diez años de un controvertido proceso, dirigido por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, en 2009 el Juez 12 Penal del Circuito de Bogotá declaró responsables del delito de homicidio culposo al capitán César Romero Padilla y al teniente Johan Jiménez Valencia, piloto y copiloto del helicóptero de la Fuerza Aérea de Colombia, desde el cual se habría lanzado sobre la población una bomba clúster. El 15 de junio de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de los oficiales a 30 años de cárcel.


El Gobierno, el comando de las Fuerzas Armadas y la defensa de los acusados sostuvieron siempre que aquello no fue un ataque a la población civil y que la bomba había impactado lejos del caserío, en desarrollo de un operativo contra el frente 10 de las Farc, el día anterior a las muertes. Según la versión oficial, una operación conjunta del Ejército y la FAC, emprendida el 12 de diciembre con la misión de incautar un cargamento de cocaína protegido por los terroristas, terminó en fuertes combates que dejaron varios soldados muertos y heridos. En previsión de que aquello terminara en un revés militar como los del Cerro Patascoy, Las Delicias o El Billar, al día siguiente se planeó un desembarco y un ataque aéreo en apoyo de los soldados que resistían a los insurgentes, y contra estos fue que se lanzó una bomba ligera denominada AN-M1A2, la cual consta de 6 granadas de 20 libras y su radio de acción no supera los 27 metros. Según el reporte, la operación se cumplió de acuerdo a lo planeado y ordenado por el alto mando, respetando los principios del Derecho Internacional de los Conflictos Armados o Derecho de Guerra.


Hay múltiples pruebas presentadas en el proceso – que no es del caso mencionar aquí – entre ellas dictámenes del CTI, el DAS y Medicina Legal, que demuestran que las muertes no fueron ocasionadas por la acción de la Fuerza Pública sino por un carro bomba colocado por las Farc en medio del caserío. Por citar una sola prueba: Fragmentos de la explosión recuperados en las necropsias de las víctimas, analizados por el Instituto de Medicina Legal y el laboratorio de Microscopia Electrónica del DAS, mostraron que no había rastros de TNT y, en consecuencia, su muerte no pudo ser producida por el dispositivo AN-M1A2, usado por la Fuerza Aérea. El macabro plan de la narco-guerrilla era esperar que las tropas oficiales ingresaran a Santo Domingo para hacer explotar el artefacto escondido en el motor de un camión abandonado en la única calle del pequeño poblado.


Por esas insólitas contradicciones de la justicia colombiana, ahora se viene a saber que el 31 de enero de 2011, seis meses antes de que el TSB condenara a los dos militares, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca condenó por los mismos hechos de Santo Domingo a Germán Suárez Briceño, alias ‘Grannobles’ (hermano del ‘Mono Jojoy’) y cabecilla del frente 10 de las Farc, a 53 años de cárcel, como “coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo y rebelión”. El juez dio pleno valor probatorio a los dictámenes de los organismos competentes aportados al proceso contra los militares. 


Por el primer fallo, que varios analistas consideran edificado sobre un monumental fraude procesal, el Estado no sólo ha debido pagar cuantiosas indemnizaciones sino que está demandado por varias ONG ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque supuestamente no ha castigado a todos los involucrados en el caso. Aplaudimos la decisión del Gobierno, hecha efectiva ayer ante la CIDH en Costa Rica, de negar toda responsabilidad en la muerte de los 17 civiles de Santo Domingo. Pero, además, en solidaridad con los oficiales de la FAC, tan arbitrariamente condenados, y en defensa del honor de las Fuerzas Militares, nos parece que el caso debería reabrirse en pro de que brille la verdadera justicia.




Comentarios
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rodrigo
2012/03/10 06:56:07 am
La justicia a veces es injusta, empero las màs de las veces por falta de defensa tècnica. Ej: en 1989, el ejercito ocupo "de hecho" un predio muy valioso en el casco urbano del mpio de necocli. se intentò la conciliaciòn entre el dueño (un conocido patriarca (QEPD)de esa region) y una abogada del la 4a brigada: oigan esta perla de la funcionaria: "el ejercito no le debe nada al don....porque lo estuvo fue cuidando el lote de don....".claro el estado fue condenado. En buena hora Santos abriò la oficina de defensa judicial, y eso mismo tienen que hacer alcaldes y gobernadores porque asì es que los abogados de los entes pùblicos "defienden "los intereses del estado.