Editorial

Defraudación al sistema educativo
23 de Febrero de 2012


Pese al dicho de que “guerra anunciada no mata soldado”, las auditorías permitieron descubrir un gigantesco fraude al sistema educativo por parte de burocracias corruptas en distintas localidades del país.

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El Ministerio de Educación Nacional viene adelantando desde el año pasado una labor de auditoría al Sistema de Información de Matrícula, con el fin de detectar inconsistencias o posibles irregularidades en el manejo de los recursos que gira la Nación a los entes territoriales para la educación pública preescolar, media y básica.


Se cae de su peso que la depuración de las bases de datos sobre el número efectivo de estudiantes atendidos y financiados con dineros del Sistema General de Participaciones (SGP), debería ser una tarea permanente de la entidad rectora de la educación en Colombia, pues se trata de garantizar la eficiencia en la asignación de recursos siempre escasos y, de paso, evitar que los corruptos hagan su propia fiesta por falta de controles oportunos.


Prueba de que la vigilancia debe ser constante y de que no basta con campañas esporádicas a la caza de irregularidades, la obtuvo el propio Gobierno cuando, luego de anunciar a mediados del 2011 que se harían auditorías a las 94 secretarías de Educación certificadas en el país, empezaron a llegar al Ministerio “por obra y gracia del  Espíritu Santo” -según dijo el presidente Santos en uno de sus encuentros para la prosperidad- una serie de rectificaciones voluntarias sobre cifras de matriculados. Como resultado del “auto-examen”, los alumnos de preescolar, media y básica, a octubre de 2011, eran 9’240.000 y no 9’420.000 como figuraba al cierre del 2010. Se constató que, efectivamente, había dobles registros, alumnos pre-matriculados que nunca asistieron a las aulas y otros muchos que, simplemente, no existían. 


Resulta encomiable que la cartera educativa no se contentara con descubrir ese desfase de 180.000 “alumnos inexistentes”, sino que persistiera en la búsqueda de las causas del fenómeno, haciendo efectiva aquella “amenaza” de auditoría que, pese al dicho de que “guerra anunciada no mata soldado”, permitió descubrir lo que a todas luces es un gigantesco fraude al sistema educativo por parte de burocracias corruptas en distintas localidades del país.


Hasta ahora se han auditado 15 entidades territoriales: dos departamentales (Casanare y Guajira) y trece municipales (Yopal, Riohacha, Uribia, Apartadó, Turbo, Buenaventura, Jamundí, Magangué, Malambo, Soledad, Tumaco, Ipiales y Girón). En el comunicado que publicó el lunes en la página web del Ministerio, la doctora María Fernanda Campo revela que, en conjunto, los matriculados inexistentes suman 97.000, los cuales implicaron giros injustificados durante la vigencia de 2011 por más de $132.000 millones.


Las auditorías se extenderán a todo el país, según promete la ministra, pero, por lo pronto, el campeón de las irregularidades es Buenaventura, donde el 36% de la matrícula reportada -que suma 111.600 alumnos- resultó ser de “niños fantasma”. Allí, los 40.600 cupos de más cobrados a la Nación, representan $54.500 millones que nadie sabe a qué bolsillo fueron a parar. Y aparte de esa irregularidad, se encontraron contratos de prestación de servicios educativos con siete “colegios fantasma”. En esta materia, sobre la 2ª ciudad del Valle y 2º gran puerto colombiano parece haber caído la famosa “maldición de Garabato” -de que hablan los hinchas del América-, pues al alcalde que en el 2005 se le ocurrió decretar “la educación gratuita”, le dieron la casa por cárcel junto a sus dos secretarios de Educación, por cuenta de las irregularidades cometidas en ese programa.


Como era su deber, la doctora Campo ha puesto sus hallazgos a disposición de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Nosotros felicitamos a la señora ministra, la alentamos a culminar tan importante empeño y esperamos que las acuciosas cabezas de los organismos de control abran de inmediato los respectivos procesos de investigación, que den con los responsables y les apliquen el condigno castigo.




Comentarios
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rodrigo
2012/02/23 01:07:52 pm
la conformacion constitucional del control posterior, no implica que las contralorias no vigilen las actuaciones de alcaldes y gobernadores insitu. El detrimento fiscal es posible prevenirlo si y sòlo sì se tiene la voluntad de escrutar continuamente los desmanes de los gobernantes de turno.