Editorial

Garzón: ¿de juez a político?
21 de Febrero de 2012


Ya es hora de dejar en paz al señor Garzón, para que tenga tiempo de preparar su retorno triunfal a la política, por la que pasó fugazmente en 1993 de la mano de don Felipe González.

La decisión que adoptó ayer la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial – el equivalente en España de nuestro Consejo Superior de la Judicatura – de hacer efectiva la expulsión de Baltasar Garzón, en cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal Supremo Español que lo inhabilitó por once años por el delito de prevaricato, marca el fin de su despampanante y polémica carrera judicial pero le abre un amplio horizonte político a hombros de la izquierda socialista.


El pasado 9 de febrero, la cumbre del poder judicial español, por decisión unánime de sus siete magistrados, aplicó un castigo sin antecedentes al más famoso juez de la Audiencia Nacional, por considerar que incurrió en prácticas que en los tiempos actuales sólo se encuentran en los regímenes totalitarios, “en los que todo se considera válido para obtener la información”. En febrero de 2009, Garzón se había tomado la atribución, por sí y ante sí, de ‘chuzar’ conversaciones telefónicas entre varios implicados en hechos de corrupción y sus abogados, y lo hizo a sabiendas de que la legislación española es una de las más restrictivas en esa materia y sólo permite intervenir comunicaciones en casos de terrorismo. Un año después de obtenidas, esas pruebas fraudulentas fueron anuladas por el Supremo, con base en principios universales del Derecho, como aquél de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o a declararse culpable, y el que consagra el derecho a un proceso público con todas las garantías.


Pero ahí no termina el escrutinio a que viene siendo sometido por parte de la Justicia de su país desde hace varios años. Baltasar Garzón Real ingresó a la carrera judicial en 1981 y ejerció como magistrado instructor de la Audiencia Nacional durante casi 22 años, desde 1988 hasta el 14 de mayo de 2010, cuando fue suspendido cautelarmente de sus funciones, tanto por el caso anterior como por otras dos causas penales abiertas contra él. Una, por declararse competente en el 2008 para investigar hechos relacionados con la dictadura franquista, capítulo trágico de la historia española al que ya su pueblo, soberanamente y en aras de la paz y la reconciliación, había puesto borrón y cuenta nueva. Ese proceso aun no se cierra. El otro es el que se le seguía por obtener financiación de grandes empresas privadas, estando en pleno ejercicio de la judicatura, para un ciclo de conferencias que dictó en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006, con tan buena suerte para él, que el pasado 14 de febrero el juez instructor del TS, pese a tener indicios de delito, decidió archivar el caso por “prescripción de los hechos imputados”.


Contrasta la severidad con que una institucionalidad judicial tan sólida como la española castiga los desmanes de su magistrado “estrella”, condenándolo al ostracismo, con la magnanimidad y la abierta simpatía con que aquí se le sigue acogiendo como asesor del gobierno colombiano en políticas públicas en temas de justicia y derechos humanos. Eso de advertir en un comunicado de la Casa de Nariño que no sólo seguirá su labor “en el marco de la cooperación MAPP-OEA”, mientras dure su contrato, sino que se estudiarán “otros frentes de trabajo en los que pueda seguir contando con su valiosa colaboración”, aparte de tratarse de un coqueteo inadmisible con la extrema izquierda que lo aplaude en el mundo, nos parece un gesto inamistoso con España y sus instituciones.


En ese gratuito incensario hacia un personaje que convirtió la judicatura en un trampolín para su figuración personal, pretendiendo, como Júpiter tronante, repartir “justicia” por el mundo, Colombia se fila al lado de regímenes con vocación autoritaria, como el del señor Correa, en Ecuador, donde Baltasar funge como coordinador del grupo de asesores extranjeros para la reforma a la Justicia que prepara un Consejo Transitorio de la Judicatura.


Ya es hora de que dejemos en paz al señor Garzón, para que tenga tiempo de preparar su retorno triunfal a la política, por la que pasó fugazmente en 1993 de la mano de don Felipe González.