Editorial

El fuero militar
20 de Febrero de 2012


Es afortunado que la decisi髇 del Gobierno responda al sano inter閟 de reconocer los derechos de los militares y las v韈timas de violaciones a los derechos humanos y no a la presi髇 de algunas ONG.

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En atención a las recomendaciones de una comisión de expertos creada para analizar este tema y que reunió a exmagistrados, juristas, policías y militares retirados, cuyos nombres no fueron revelados, el Gobierno Nacional anunció el retiro del artículo que pretendía reformar el fuero militar y que hacía curso dentro del proyecto de reforma a la Justicia. En su intervención durante los Acuerdos para la Prosperidad en Manizales, el presidente Santos anunció también, como se preveía que iba a ocurrir, la formulación de un proyecto de acto legislativo independiente que reforme las normas sobre fuero militar y garantice a los miembros de las Fuerzas Armadas el derecho a ser juzgados con objetividad y diligencia.


En anteriores escritos sobre esta iniciativa habíamos manifestado la conveniencia de separar el trámite de las dos importantes y complejas reformas. Reclamamos también que, en cabeza del Ministerio de Defensa, se adelantara un proyecto específico para ofrecer a los miembros de la Fuerza Pública las garantías que merecen en su condición de servidores públicos y garantes de la seguridad y la defensa del país. Es afortunado que la decisión del Gobierno responda al sano interés de reconocer los derechos de los militares y las víctimas de violaciones a los derechos humanos y no a la presión de algunas ONG contra una garantía que todas las democracias ofrecen a sus defensores.


El fuero militar no es prebenda ni ofrece impunidad, como falsamente pretenden enunciarlo algunos voceros extremistas. Se ha consagrado como garantía a los miembros de las Fuerzas Armadas de que los juicios en su contra serán conducidos por jueces conocedores de los intríngulis de las acciones militares y objetivos en sus criterios, no por funcionarios inexpertos que fácilmente pueden ser presa de los afanes justicieros de la extrema izquierda y sus aliados, que han diseñado agresivas estrategias con las que aspiran a obtener en los tribunales las victorias que les son esquivas en el campo de batalla.


Según el anuncio del presidente Santos, el proyecto del Gobierno tratará de mantener un equilibrio, en el entendido de que “no se va a retroceder en materia de los avances que hemos logrado en los Derechos Humanos, pero al mismo tiempo, (que) se les dé las garantías suficientes a la Fuerza Pública para que en todas sus operaciones tengan la seguridad de que hay una justicia que los va a juzgar cuando cometan algún delito, que se les va a juzgar con absoluta claridad y con todas las garantías”.


Además de ratificar la confianza de los ciudadanos demócratas en las Fuerzas Armadas y en su vocación de respeto al Estado de Derecho, la norma puede dirimir el falso dilema que ha venido haciendo carrera y que propone presentar como contradictorias la protección constitucional a los derechos humanos y la confianza debida a unas Fuerzas Armadas instituidas para proteger al Estado. Esta falacia que ha hecho carrera entre voceros inexpertos, va terminando por contaminar el debate sobre la necesaria protección especial, que no impunidad, que merecen los militares.


Aunque el planteamiento del presidente Santos no ofrece muchas claridades sobre las características de la norma que se presentará al Congreso, tenemos confianza en que ésta ofrezca a los militares y policías las garantías que merecen por su condición de defensores de la democracia, brinde a la sociedad la certeza de que los juicios se adelantarán con prontitud y severidad, y reconozca a las víctimas de los miembros descarriados de la fuerza pública, el alivio de que se les hará justicia.


Estaremos atentos al proceso que apenas comienza.




Comentarios
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rodrigo
2012/02/20 02:20:24 pm
la dicotomia entre lo militar y lo civil es una entelequia facil de resolver por un fiscal o un juez bien formado. con o sin fuero militar los desmanes y desdoros que provocan civiles y militares es un asunto m鄐 de justicia que competencias. Quien juzga a Cesar perez y a los militares que desde hace 23 a駉s son sospechosos de la masacre de segovia? Pues una justicia amordazada y tard靉. La cuesti騨 no es de saber qui鑞 juzga a quien, sino de justicia cierta, oportuna y eficaz.