Editorial

La soberan韆 de Las Malvinas
1 de Febrero de 2012


Los brit醤icos toman muy en serio los alardes nacionalistas del kirchnerismo, y su intenci髇 pareciera la de aumentar su capacidad militar disuasiva en ese territorio de ultramar.

Argentina insiste en reclamar soberanía sobre las Islas Malvinas, un archipiélago que es posesión inglesa desde 1833 y que el país sudamericano intentó rescatar por la fuerza mediante una guerra declarada, va a hacer 30 años, por el Gobierno militar de entonces. En ese sangriento conflicto, que terminó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina, perdieron la vida 650 compatriotas de la señora Kirchner y 255 militares británicos.


Después de aquel fracaso, que demostró que esa era una típica pelea de toche con guayaba madura -los imperios son los imperios y desafiarlos es una temeridad sin sentido- los gobiernos argentinos, unos con mayor insistencia que otros, han desarrollado múltiples gestiones diplomáticas encaminadas a conseguir que Naciones Unidas obligue al Reino Unido a sentarse a negociar y lo máximo que ha conseguido es una resolución de 1965, en la que se insta a las partes a resolver sus diferencias mediante el diálogo, pero el imperio británico se ha negado categóricamente a eso y, por el contrario, ha fortalecido su presencia militar en ese enclave en el Atlántico Sur y ha reivindicado no solo su soberanía sobre el archipiélago sino el derecho de sus 2.000 habitantes a su autodeterminación como ciudadanos británicos.


El gobierno de los esposos Kirchner ha hecho del tema una prioridad de su política internacional. De manera expresa, la presidenta Cristina aprovechó el año pasado la visita del señor Ban Ki-moon, en campaña por la reelección como secretario General de la ONU, para ofrecerle su voto y de paso pedirle una acción más eficaz de la organización para vencer la renuencia británica. Otro pequeño éxito diplomático fue obtener de la cumbre de Mercosur, celebrada en Montevideo en diciembre pasado, que sus socios, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptaran -de dientes para afuera- no permitir el acceso a sus puertos de barcos con bandera británica en tránsito hacia Las Malvinas.


Decimos que “de dientes para afuera” porque, pocos días después de aquella cumbre, el imperio británico puso a prueba la prohibición del gobierno Mujica, entrando al puerto de Montevideo un barco de la Real Armada Británica, que hacía escala hacia las islas Malvinas. Según informes de la prensa uruguaya, se trató del barco HMS Protector, un barco rompehielos destinado a labores científicas y de exploración de yacimientos petroleros en el Atlántico Sur, que aunque registrado como noruego, “portaba una gran bandera británica en su popa” y estaba tripulado por marinos ingleses.


A ese gesto de tácito desafío a los gobiernos de Mercosur, el Ministerio de Defensa británico sumó ayer otro más contundente, al anunciar que próximamente enviará a las islas Malvinas el destructor “HMS Dauntless”, Tipo 45, en sustitución de la fragata “HMS Montrose”. Aunque señala en un comunicado que “el despliegue estaba planeado desde hace tiempo” y es una “medida de rutina”, la dotación y la avanzada tecnología del destructor dan a entender que los británicos toman muy en serio los alardes nacionalistas del kirchnerismo, y su intención pareciera la de aumentar su capacidad militar disuasiva en ese territorio de ultramar.


Pero aparte de la ostensible superioridad militar de la potencia europea, que hace inimaginable una aventura bélica como la de hace 30 años -el Gobierno argentino así lo ha reconocido- hay otra razón poderosa para pensar que aun sus esfuerzos diplomáticos están condenados al fracaso. Así lo reconocen analistas argentinos, como el exembajador en Francia y profesor de relaciones internacionales, Carlos Pérez Llana, quien advierte que Argentina no tiene embajadores en la quinta parte de los países de la Unión Europea y además “durmió una larga siesta” mientras el Tratado de Lisboa, suscrito en 2007 y vigente desde 2009, confirmaba la soberanía inglesa sobre Malvinas.


En efecto, consultamos el documento y encontramos que en su anexo II, “Países y Territorios de ultramar”, se establece que para la UE, con respecto a las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y Territorio Antártico, la República Argentina es un “tercer país” o “país vecino” y la única “autoridad legítima” allí es el Reino Unido.