Nacional

Fiscal trial opens debate
Juicio fiscal abre debate
Autor: Redacción EL MUNDO
29 de Enero de 2012


La condición de aforados de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura originó un interesante intercambio de opiniones acerca de las facultades de la Contraloría para enjuiciar fiscalmente a 21 juristas vinculados al “carrusel pensional".

Foto: Archivo El Mundo 

La contralora Sandra Morelli reiteró que los juristas citados a juicio fiscal deberán explicar el porqué de las designaciones de 70 personas, pues con sus nombramientos se ha afectado el bolsillo de los contribuyentes.

El juicio fiscal abierto por la Contraloría a 21 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) generó voces encontradas en el Congreso de la República acerca de las facultades del ente de control para adelantar el proceso.


Este se originó en el llamado “carrusel de las pensiones”, según el cual, magistrados recibieron un reajuste salarial en corto tiempo solo para aumentar el monto de su pensión.


Germán Blanco, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, puso en duda la competencia de la contralora Sandra Morelli para adelantar el proceso.


El congresista por Antioquia señaló que se debe aclarar el asunto porque ello podría desembocar en una colisión de competencias entre la Contraloría y la Comisión de Acusación, “pues constitucionalmente los magistrados de la judicatura tienen fuero”.


El viernes, Néstor Correa, presidente de la Sala Administrativa del CSJ, aclaró que en Colombia no existe el fuero fiscal y por lo tanto, el manejo de los dineros públicos debe ser informado por todos.


Contrario a la posición del conservador Germán Blanco, se mostró su colega Alfonso Prada (Partido Verde), ponente de la reforma a la justicia, quien afirmó que la Contraloría “es el juez fiscal de los aforados estatales y la Comisión de Acusaciones es el juez penal”.


“La Contraloría no es juez penal ni disciplinario, es juez fiscal, el juez disciplinario y el juez penal es el Congreso. En el acto en que sanciona fiscalmente a cualquiera de los investigados por la Contraloría, ese mismo acto de sanción debe remitirse al Congreso para que la Comisión de Acusaciones abrá investigación contra los implicados”, agregó Prada.


Para el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático), también ponente de la reforma judicial, la Contraloría puede, incluso, interponer sanciones de embargos de los salarios de los magistrados que sean hallados culpables en el juicio fiscal.



Investigación procedente


El ministro del Interior, Germán Vargas, salió al paso de las declaraciones del presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Germán Blanco, quien señaló que la Contraloría no es competente para adelantar la investigación en contra de los magistrados de la Judicatura por el "carrusel de pensiones".


Vargas argumentó que son pocos los avances que los procesos judiciales tienen en el Congreso y resaltó que la contralora Sandra Morelli debe ser la persona que entregue los resultados sobre ese escándalo.


En opinión del ministro Vargas, "la investigación de la Contraloría es procedente, argumento de más para impulsar la reforma a la justicia que estamos promoviendo y que reforma el Consejo Superior de la Judicatura, lo que no significa que no haya que avanzar en esta investigación".


Por otro lado, el presidente de la Sala Administrativa del CSJ, Néstor Correa, dijo ayer en Bogotá que, según sus cálculos, la defraudación causada como consecuencia de las supuestas irregularidades en el alto tribunal, alcanzaría los 150.000 millones de pesos.