Editorial

Abominable ‘carrusel’ judicial
28 de Enero de 2012


En Colombia la corrupción es rampante y no hay semana en que no estalle un nuevo escándalo, pero ya es el colmo de lo inaceptable que ese fenómeno se tomara por asalto un órgano de la Justicia.

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¿Qué otro calificativo merece el hecho de que un grupo de togados del Consejo Superior de la Judicatura, entre el 2007 y el 2010, abusaran de su poder nominador para favorecer a sus amigotes con nombramientos como magistrados auxiliares, por lapsos entre unos cuantos días y unos pocos meses, para que pudieran jubilarse con abultadas pensiones? Eso fue lo que descubrió -según primicia de El Tiempo del pasado jueves- la Contraloría General de la República, cuya titular, Sandra Morelli, decidió, en consecuencia, iniciar juicio fiscal contra 21 magistrados y exmagistrados del CSJ, quienes tendrán que justificar ese ‘carrusel’ que, según cálculos de la entidad, podría estar representando una defraudación al Estado por $13.000 millones.


En Colombia la corrupción es rampante y no hay semana en que no estalle un nuevo escándalo, pero ya es el colmo de lo inaceptable que ese fenómeno se tomara por asalto un órgano de la Justicia y que los involucrados sean personas que por su alta investidura están llamadas a servir de ejemplo a la sociedad por su probidad y su respeto absoluto a la Ley. Pero no. Por lo visto, más parecen expertos en esguinces a la normatividad para poner el patrimonio público a disposición de intereses particulares. En este caso, la norma socorrida es un decreto de 1971, que establece que para el cálculo de la pensión de un magistrado se tiene en cuenta su último sueldo, y no como rige para los trabajadores corrientes y sufrientes, cuya mesada pensional se calcula sobre el promedio de lo cotizado en los diez últimos años.


De esa manera y so pretexto de descongestión de su despacho judicial -lo vimos en el cuadro detallado que presenta la Contraloría con los 21 nominadores y sus beneficiarios- una sola magistrada de la Sala Disciplinaria, Julia Emma Garzón de Gómez, nombró entre marzo de 2008 y noviembre de 2010 a 16 magistrados auxiliares, entre ellos dos abogadas, Mayiver Méndez Sáenz y Martha Judith Castellanos Betancur, que solo duraron dos días en sus cargos. A la señora Garzón le sigue, con ocho nombramientos de dudosa ortografía, el actual presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga Oliveros, entre cuyos favorecidos se menciona al magistrado auxiliar Álvaro Rojas Mayorquín, quien gracias a la generosa “palomita” de 28 días en la judicatura, pudo pasar de una pensión de $4.053.000 -que le correspondería según sus aportes- a otra de 13 millones de pesos, con el “regalo” adicional de un retroactivo por $175 millones.


No estamos sugiriendo -¡ni más faltaba!- como tampoco lo hace la Contraloría, que los 21 magistrados titulares y los 70 auxiliares que están en la mira del organismo de control, incurrieran todos en alguna irregularidad. Es una investigación fiscal en marcha y cada uno tendrá que responder por sus actos, como lo advirtió el recién nombrado presidente titular de la Sala Administrativa, Néstor Raúl Correa, quien no dudó en calificar de “muy valiente” la decisión de la contralora Sandra Morelli, haciendo notar que el 90% de los encartados pertenecen a la Sala Disciplinaria del CSJ.


La contralora Morelli hace sin duda una labor encomiable contra este tipo de corrupción de “cuello blanco” y su promesa es seguir revisando centenares de pensiones presumiblemente infladas con marrullerías y leguleyadas, tanto dentro de la Rama Judicial como del Congreso de la República. Descorazona un poco saber que la Contraloría solo puede adelantar juicios fiscales, mediante los cuales aquellos servidores públicos que con sus decisiones lesionen el patrimonio público deberán responder de su propio pecunio. Allí podrían configurarse también faltas disciplinarias y aun penales, pero, como se sabe, por tratarse de funcionarios aforados, su juez natural es la cuestionada Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.


No obstante, los colombianos tenemos que apoyar a la Contraloría en ese empeño, pues no hay derecho a que una ínfima minoría goce de privilegios fraudulentos en un país que tiene 4.4 millones de personas mayores de 60 años, de las cuales solo 1.3 millones tienen acceso a una modesta pensión.




Comentarios
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rodrigo
2012/01/28 06:52:18 am
ya es hora que las facultades de derecho y los colegios de abogados se sean proactivos y propongan ante la espectiva acción de iconstitucionalidad para dderogar dicho privilegio o instar al trámite de la ley derogatoria. Ojalá la nueva contralora de antioquia afronte con decisión, como se que lo hará, todo lo anórmico que patrocinó su antecesor