Nacional

Controversy over demobilization
Polémica por desmovilización
24 de Enero de 2012


El excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, investigado por presunto concierto para delinquir, estudia la posibilidad de solicitar una veeduría internacional dentro del caso por las falsas desmovilizaciones, sostuvo ayer su abogada Mildred Arman.

La decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de constituirse en víctima por la supuesta falsa desmovilización de 62 supuestos guerrilleros del frente Cacica Gaitana de las Farc, ahondó ayer la brecha entre el primer mandatario y el expresidente Álvaro Uribe.


El exjefe de Estado afirmó a través de Twitter que la determinación de la Presidencia de la República. “demuestra que hay apresuramiento, prejuzgamiento, presión a la justicia y olvido de la condición de jefe de Estado que la Constitución asigna al titular de esta institución”.


En su comunicado, Álvaro Uribe afirmó que “la Presidencia está juzgando que Luis Carlos Restrepo es culpable de la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana, o pudiera interpretarse que la Presidencia posee información privilegiada en contra del excomisionado”.


Uribe, además, interpretó que el anuncio de la Casa de Nariño podría significar una presión a los jueces para condenar a los involucrados.


El exjefe de Estado, por último, aseguró que Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, “conocía y coordinaba con el alto comisionado Restrepo los hechos de las desmovilizaciones y en el caso particular del Cacica La Gaitana se ciñó estrictamente a la inteligencia militar, cuya buena fe debe reivindicarse”.


Respuesta de la Presidencia


La secretaria Jurídica de la Presidencia, Cristina Pardo, envió una carta a varios medios de comunicación en la cual sostuvo que la decisión de la institución de acreditarse como víctima en el caso de la presunta falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana, de las Farc, responde a una orden legal y no a una decisión discrecional de carácter político.


“La Presidencia obra en respeto del principio de presunción de inocencia conforme al cual toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”, señaló la funcionaria.


Indicó que si la Presidencia no se hace parte dentro de esta clase de procesos “en defensa de los intereses del erario público”, es causal de mala conducta para el funcionario responsable.



“No hay persecución”


El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirmó que tras la decisión de la Presidencia de la República "no hay una persecución de carácter político".


Añadió que en el caso de la desmovilización de ese grupo guerrillero, las investigaciones de la Fiscalía determinarán si hubo o no un detrimento patrimonial por 1.200 millones de pesos.


Insistió que en el proceso penal la Presidencia de la República se convierte en víctima y quien tendrá que responder será el grupo de personas que efectuaron los cobros por la supuesta desmovilización.


Añadió que desde la Fiscalía no hay una persecución, como lo ha planteado el expresidente Álvaro Uribe Vélez e indicó que simplemente se está adelantando una investigación para establecer si se cometió o no un delito.


Se trata, prosiguió Esguerra, de una obligación que tiene que cumplir el ente acusador sin llegar a un carácter personal.


Sobre el anuncio de la Casa Presidencial, Caracol Radio consultó al abogado penalista Pablo Colmenares, quien explicó que "las víctimas pueden concurrir a la audiencia de imputación e incluso pedir la medida de aseguramiento, si la Fiscalía no lo hace, claro, cuando esto sea procedente".